Según la denuncia, la CAMA a través de la figura de José Bereciartúa, financió con 20 millones de pesos una maniobra fraudulenta para que junto a Roberto Marquinez, Fernández pudiera asistir a las pymes, ofreciéndoles "hacerse cargo de su personal ante la AFIP y ANSES para cuyo fin se los inscribió en la CGE coima mediante de 300 mil a 500 mil pesos solicitados a la Pyme con el objeto dada la personería exenta de la CGE evitar la tributación ante el Estado".

Además "Romera en su doble condición de funcionario de IGJ y abogado personal de Fernández hizo uso y arbitrio para orientar todas las solicitudes vía oficio que llegaran a IGJ beneficiando a Marquinez aun a sabiendas que la documentación a presentar carecía de valor a no ser por haber Usado ilegalmente el Token de Nissen para refrendar notificaciones internas sin valor oficial alguno", advierte el escrito que ya ingresó a los tribunales.

Pero además se advierte que la entonces ministra Marcela Losardo "nunca se avoco a la solicitud de Intervención de la CGE escritos presentados desde el año 2019 en adelante por su presidente el contador Oscar Gentili, pero desde el ministerio instruyó dar información beneficiosa hacia los distintos fueros que la requirieron obviando la entrega de documentación respaldatoria".

Resta remarcar que con la anuencia de Losardo, el actual presidente de la entidad logró acortar el mandato de Gentili sin motivo alguno y a través de presiones políticas logró quedarse con el control de la entidad, aparentemente para avanzar también con el control no solo de los negocios directos, sino para facilitarse a Bereciartúa volver a hacerse con el manejo de Osdepym, la obra social de los monotributistas y empresarios, la más importante de todo el país.

La denuncia, que lleva la firma de Fernando Miguez, solicita una serie de indagatorias para dar con el circuito a través del cual las actuales autoridades del CGE habrían fraguado documentación para acceder al cargo primero y luego para justificar el ingreso de fondos provenientes de los acuerdos con las empresas integrantes, que luego serían utilizados para financiar actividades políticas.

Vale remarcar que la denuncia no sólo fue ratificada, sino que los denunciantes aportaron varias pruebas documentales que dan cuenta de las irregularidades que se cometieron desde finales del 2019 en la entidad empresaria, por lo que la presentación está poniendo en jaque a toda la estructura montada por Fernandez y Losardo.