No dan respiro con el alquiler: nuevo impacto en el bolsillo de los inquilinos tras las nuevas medidas del Gobierno

La crisis económica profundizó el problema en los bolsillos de cada uno de los ciudadanos que alquila una vivienda. En este sentido, a partir del primero de marzo, los dueños de propiedades que estén en alquiler, deberán registrar los contratos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esta obligación ya se había establecido como uno de los puntos de la nueva Ley de Alquileres, vigente desde julio del 2020, pero esta semana el organismo recaudador reglamentó el mecanismo para el registro.
En los hechos, los propietarios ya estaban obligados a declarar sus inmuebles en alquiler y tributar ingresos brutos por esa renta. Sin embargo, el cambio es que ahora la AFIP creó un registro específico para estos contratos.
Cuáles serán los efectos impositivos de registrar el alquiler ante la AFIP https://t.co/EzPrJFrczp
— Clarín Económico (@clarineconomico) February 18, 2021
Esta obligación para los propietarios, ¿puede impactar nuevamente en los precios? Fuentes del sector, aseguran que el aumento de los precios ya se dio desde en el año 2020, como consecuencia de la nueva Ley de Alquileres ya vigente.
“Entendemos que va a tener un impacto porque se suma a otra cantidad de medidas sobre el sector. Todo lo que impacte en costos termina pasando a precios. Registrar los contratos es una obligación y promovemos el apego a las leyes. Desde 2010, los propietarios deben informar contratos de locación, pero quienes no lo tenían en cuenta en sus declaraciones de ganancias van a trasladar este impacto a los precios. En el marco de otras medidas, se retrae la oferta y aumenta la demanda. En breve, además, al momento que se termine la prórroga del congelamiento de los alquileres va a impactar en los precios”, aseguró Claudio Vodanovich, secretario de la Cámara Inmobiliaria Argentina.
En el sector coinciden en que el principal impacto en precios ya se dio en 2020. “Los efectos de la nueva Ley de Alquileres que aumentaron los costos y el riesgo de los propietarios ya están a la vista: retiro de propiedades ofertadas en alquiler, cobertura mediante un mayor precio y desaliento a la inversión de viviendas, con repercusiones en la actividad de la construcción y el empleo de ese sector. Lo que se reglamentó es algo que estaba contemplado en la nueva ley y esos son los efectos concretos que por ahora esa nueva legislación está provocando”, señaló José Rozados, director de la consultora Reporte Inmobiliario.
“Eventualmente puede haber un traslado a precios. El registro obligatorio implica una suba del costo de alquilar, por el lado negativo, y un aumento en la seguridad para ambas partes, en lo positivo. Se está pagando por una mayor seguridad pero implica un mayor costo y me parece inocente no verlo. Pero esto es para los que no tenían el contrato registrado en Afip”, destacó Federico González Rouco, economista especializado en temas de vivienda.