
La crueldad que caracteriza a algunos sucesos y episodios de la historia argentina lamentablemente nos ha moldeado para enfrentar las mentiras más dolorosas, en especial las que involucran a nuestra dirigencia.
Esta semana, a pocos días de cumplirse tres años de la desaparición del ARA San Juan y sus 44 tripulantes en el fondo del Mar Argentino, uno de los imputados dio a conocer en una declaración efectuada ante el Tribunal Superior de Comodoro Rivadavia que el gobierno de Mauricio Macri se enteró de la ubicación exacta de la nave el 5 de diciembre de 2017, apenas 20 días después de que colapsara, información que fue relevada por el buque chileno Cabo de Hornos.
Fue el contraalmirante retirado Enrique López Masseo, uno de los seis procesados en la causa que lleva adelante la jueza Marta Yáñez, quien reconoció que hubo un ocultamiento de la ubicación del submarino por parte de la gestión macrista, que recién la reveló el 16 de noviembre de 2018, tras la segunda búsqueda encomendada a la empresa Ocean Infinity. Es decir, un año después de conocer la verdad.
“Cuando usted vea toda la documentación, se va a dar cuenta de que nosotros, cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera -que fue el cierre del caso SAR (por la búsqueda y rescate)- teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre -de 2017- el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”, confesó el ex oficial de la Armada ante los magistrados. Y se arrepintió de “la forma inaudita en la que se extendió la agonía de los familiares y seres queridos, integrantes de la familia naval”.
Esta declaración demostró no solo la negligencia con la que actuó el Gobierno de Cambiemos al enviar al mar, en un navío sin el correspondiente mantenimiento, a un grupo de personas que se despidieron de sus seres queridos orgullosas de representar al país en la honorable función que habían elegido. Además, evidenció la hipocrecía y el cinismo con el que se manejó ante las familias de las víctimas, el país y la mirada del mundo entero tras la desaparición de un submarino cuyo destino debería haber estado protegido por el Estado. Un proceder que a la perfección podría calificarse traición a la Patria.
Aunque días atrás el fiscal Norberto Bellver solicitó la indagatoria al ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad; y el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, ningún acto de justicia que se produzca podrá borrar la mentira atroz tras la cual ese Gobierno intentó resguardar sus intereses políticos burlándose de la mirada brillante de aquellos niños que aguardaban, sumergidos en la esperanza más inocente, la llegada de sus padres a tierra firme. La desidia de los gobernantes les arrebató esa posibilidad para siempre.