La información habría sido aportada primero al personal policía, concretamente al comisario Néstor Fernández, jefe de la delegación provincial de la Policía Federal, y a Enrique Terremoto, jefe de la Delegación de Esquel de la misma fuerza federal, ante quienes Palacios asegura que expuso con lujo de detalles las conclusiones de sus análisis, en fechas que van del 15 al 18 de septiembre, es decir exactamente un mes antes del hallazgo del cuerpo.

Según el relato del guía, que litiga con el Estado Nacional para acceder a la recompensa que se había ofrecido a quienes pudieran aportar datos sobre Maldonado, detalló en varias oportunidades incluso con dibujos del lugar, las condiciones en las que habría quedado el cuerpo luego de la muerte del artesano producto de una inmersión imprudente en el río bajo condiciones extremas y con vestimenta más que inadecuada.

"No fue un crimen, eso fue una operación política. Maldonado le servía a los mapuches y a la política K", dice y explica que según los reportes en la jornada de la desaparición la temperatura era de 11 grados bajo cero, por lo que el tipo de ropa que se debe utilizar, sumado al desconocimiento del terreno hace imposible correr más de 500 metros, aún con Gendarmería detrás.

Según su hipótesis, al llegar al río, cansado y probablemente sin aliento, Maldonado intentó cruzar, pero evidentemente no se animó y retrocedió, aunque ya mojado y con riesgo de hipotermia, por lo que habría colapsado en cualquier intento de esconderse de los gendarmes entre los pastizales y las raíces en la orilla del curso de agua, que además en esa zona "son una trampa".

Para reforzar sus dichos, el denunciante remarcó que no existe ningún registro de un uniformado mojado o embarrado, lo que hubiera sido consecuencia necesaria de perseguir al artesano en su intento de cruzar por el agua, pero además de la hipótesis de la huida, explica por qué el cuerpo fue hallado río arriba, debido a que en esa dirección partió Maldonado tras los mapuches.

La historia de Palacios cobra mayor relevancia al contrastar las fechas en las que asegura haber tenía además contactos con el juez Guido Otranto, que inmediatamente después comenzó a sostener la hipótesis de la muerte accidental, lo que derivó en un pedido de recusación por parte de la familia y la posterior aparición del cuerpo exactamente en el lugar en el que él se lo había indicado al personal policial y a los magistrados que llevaron adelante el expediente.

El problema es que lejos de convertirse en una buena noticia para el guía, debido a que había aportado los datos para cerrar el expediente, el episodio se convirtió en una verdadera pesadilla producto del ninguneo que comenzó a sufrir por parte de las autoridades. Más allá de que los comisarios Fernández y Terremoto asegura que reconocieron en cada oportunidad que los consulto, que él había aportado datos con suma precisión sobre el lugar donde se encontraba el cadáver del artesano.

El componente político de la historia se relaciona con las elecciones de 2017 y el denunciante considera que la dilación en la resolución de la causa a pesar de sus datos, se debió a que Otranto primero y Lleral después, son jueces vinculados a “Justicia Legítima”, la organización K que nuclea a funcionarios judiciales, por lo que hicieron lo suyo para perjudicar al gobierno de Mauricio Macri en el marco de la campaña electoral.

Además, Palacios sostiene que estaba tan convencido de aportar datos fehacientes, que evitó hacerlo a través del sistema automatizado habilitado por la línea 134 y prefirió relatarlos personalmente primero y telefónicamente después a los involucrados en la investigación, lo que lamentablemente lo terminó perjudicando porque no quedaron registro de sus presentaciones.

De todas maneras, ya solicitó en varias instancias un “careo” con Fernández y Terremoto para aclarar sus dichos y no solo reivindicar su actuación en el caso y acceder a la recompensa, sino también para desenmascarar una trama de ocultamiento que, asegura, intentó mantener el caso a raya con una intencionalidad política.