Mientras renegocia la deuda, el Ejecutivo apura el impuesto a las grandes riquezas

La pandemia no pospone algunas de las obligaciones que tiene el gobierno por delante. Una de ellas es la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los bonistas que, dado el contexto mundial, podría tener beneficios para la Argentina. En este sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya presentó el primer boceto de reestructuración.
La propuesta elevada por el titular del Palacio Hacienda es firme y concreta: comenzar a cancelar a partir del 2023. Además, piden la quita del 62 por ciento en los intereses y ahora la palabra la tienen los acreedores. Lo cierto es que, el gobierno no está dispuesto a pagar a costa del hambre de los argentinos, y mucho menos en una situación global como la actual.
En sintonía, la propuesta realizada por Guzmán contempla una reducción del 5,4 por ciento en el capital, tal como lo informó en una reunión ampliada llevada a cabo en la Quinta de Olivos, de la que además del presidente Alberto Fernández, también participaron Cristina Fernández de Kirchner, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el Jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta y varios gobernadores.
El planteo del ministro de Economía fue que hoy la Argentina no puede pagar y que nuestro país seguirá por el mismo camino durante varios años. Además, en la conferencia de prensa realizada posteriormente al cónclave de dirigentes políticos, reconoció que aún no se ha llegado a un acuerdo con los bonistas, pero que el FMI considera la deuda como insostenible.
“Nos piden más ajuste fiscal, rápido y en más cantidad. Eso destruiría las oportunidades de millones de argentinos, y no lo vamos a permitir”, fueron las palabras del funcionario. Por su parte, Alberto Fernández detalló que “queremos salir de esta situación”, y al mismo tiempo sentenció que “queremos ser serios y no aprovechar el coronavirus para dilatar este tema”,
Sin embargo, más allá de lo que suceda con la deuda externa, algo que desgastará al gobierno durante los próximos meses por las arduas negociaciones que tiene por delante, las miras están puestas en otro horizonte. La expansión del COVID-19 sigue erosionando las cuentas del Estado, y la salida no parece ser una cuestión simple de resolver.
Por el contrario, la economía nacional viene de un proceso complejo en el que prácticamente se vaciaron las reservas y el gasto público quedó comprometido por el ajuste realizado durante la gestión de Mauricio Macri. Por lo tanto, algunas de las partidas tuvieron que ser redireccionadas al sector de la salud para poder afrontar la pandemia de la mejor manera.
La salida más factible y la que está en pleno avance es la posibilidad de cobrarle a los grandes empresarios una porción de su riqueza para equilibrar un poco el desfasaje social. En este sentido, el diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, fue el primero en presentar el proyecto, aunque sufrió algunas modificaciones y el alcance es mucho menor al inicial.
El denominado “Impuesto Patria” está cerca de concretarse, pero antes de debatirlo en el Congreso, el oficialismo negocia algunos puntos con la oposición. Este último sector, sobre todo el que está representando en Juntos por el Cambio, ya comenzó una campaña de desprestigio hacia el proyecto en las redes sociales, acompañada por el apoyo de los grandes medios afines.
Pero, más allá de lo que suceda en los diálogos entre un sector y el otro, la ex presidenta y actual titular del Senado no estaría dispuesta a ceder. Para no generar polémica, ante las constantes consultas al respecto, Alberto Fernández pateó la pelota afuera y le tiró el fardo a los legisladores, quienes finalmente serán quienes decidan la implementación de impuesto que hasta ahora nunca había existido en nuestro país.