Horas antes de esta determinación, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, aseguraba que “el presidente y todos en general estamos muy preocupados” sobre este tema, y recalcaba sobre la movilización y la concientización de la ciudadanía de la provincia: “Me parece que marca un camino que, evidentemente, no tiene consenso en la sociedad mendocina”.

“Tenemos claro que la Constitución Nacional establece que estos recursos son de las provincias, y la Ley 7722 es un tema de Mendoza, pero el agua es un tema de todos”, afirmó el ministro en una entrevista radial.

Al respecto, agregó: “Hay una cuenca hídrica, que es la del Desaguadero, la cuenca del Atuel, donde hay varias provincias”. Por lo tanto, mi competencia como ministro de Ambiente está en cuidar los aspectos ambientales del agua”, explicó.

Además, aclaró que “esto es una ley provincial y desde el ´94, con la reforma constitucional, estos recursos son potestad de las provincias. La ley mendocina que habilita esta minería evidentemente no está teniendo el consenso en la sociedad, y además es un tema que tiene que resolver el gobernador y la Legislatura de esa provincia”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, Cabandié subrayó: “Quien puede retrotraer o avanzar en la derogación de la Ley 7722 es la legislatura de Mendoza y sus gobernantes. Nosotros vamos a bregar por la protección del agua, porque tenemos competencia a partir de la ley de glaciares y de la ley de gestión ambiental del agua”.

Sobre la vitalidad de este recurso natural, Cabandié sostuvo: “Hay estudios científicos, de la Academia, que están marcando evidentemente que Mendoza tiene un problema con el agua, hay escasez de este recurso. El cambio climático llevó a reducir los volúmenes de los glaciares y eso produce un estrés hídrico en la provincia”.