Reiteradamente, la Lista Celeste y Blanca (opositora) denunció oscuros negociados promovidos por el secretario general del gremio, Raúl Martínez, y Jorge “Pino” Sola, quien se desempañaba como secretario de prensa de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina -actualmente como secretario de asuntos gremiales-, en connivencia con el anterior ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Tales ilícitos incluyeron el cobro del 12 por ciento de comisión a los trabajadores despedidos, orquestado por la Secretaría Gremial, controlada por Sola, con la participación activa de la directora jurídica de la misma, Alelí Prevignano.

Junto con estos ilícitos, la lista opositora -alineada en el Frente de Todos-, que cuenta con el asesoramiento de Carlos Tomada, Enrique Rodríguez, Sergio Palazzo y varios dirigentes sindicales, denunció reiteradas agresiones, afectación en el cobro de sus haberes y promoción de sanciones laborales en sus empleos promovidas por las autoridades sindicales.

En connivencia con las autoridades laborales y la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Cambiemos, Martínez y Sola pretendieron consolidar su posición convocando a elecciones para el 3 de julio de este año, sin respetar los estatutos ni la legislación vigente. Esta maniobra fue respaldada por el Gobierno de Mauricio Macri, mereciendo el repudio de la oposición del sindicato, la CGT y las 62 organizaciones, que denunciaron oportunamente “la pretensión (del Gobierno) de disciplinar a las asociaciones sindicales”.

Los comicios fraguados dieron la victoria a la fórmula compuesta por Jorge Sola y Mirta Keppes –que contó con el respaldo de Martínez-, como secretario general y secretaria adjunta, aunque los groseros procedimientos empleados dieron origen a impugnaciones y presentaciones judiciales durante los meses siguientes, que terminaron con la resolución de Cámara que las anula definitivamente y habilita la convocatoria de nuevos comicios sujetos a las disposiciones estatutarias.

De este modo, se echa luz sobre un gravísimo caso de cohecho entre las autoridades de Cambiemos y las del Sindicato del Seguro. Lamentablemente, no se trata de una excepción, sino de una práctica bastante habitual del Gobierno saliente, que afecta los intereses –y hasta la libertad- de numerosos dirigentes y trabajadores, y que irá tomando estado público en los próximos meses.