Desde el Ejecutivo bonaerense aseguran que la actualización tarifaria forma parte de los acuerdos vigentes con las distribuidoras del servicio eléctrico, pero la realidad es que las sucesivas leyes de emergencia económica, además de algunos fallos de la Justicia dejaron sin efecto esos ítems de actualización.

“Nosotros pretendemos que haya actualizaciones que sean justas y razonables. Es decir que no sean con criterio empresarial, como lo han hecho Macri y Vidal quienes no tuvieron en cuenta a los consumidores”, explicó el secretario de Servicio Públicos de la Defensoría, Jorge Ruesga.

De todas maneras, desde el organismo se mostraron prudentes y adelantaron que antes de recurrir a la Justicia van a esperar para que el Ejecutivo provincial tenga tiempo de modificar su decisión y quizá escalonar los aumentos en el marco de la transición.

En ese sentido, Ruesga consideró que debería ser la próxima gestión la que fije nuevos criterios para la actualización del valor de los servicios públicos, por lo que el aumento autorizado por Vidal representaría un condicionamiento para las autoridades que asumen el 10 de diciembre, lo que representa otro argumento para revisar la decisión.