La nueva figura de Fondo de Cese Laboral (FCL) está prevista en el artículo 96 de la Ley Bases número 27.742 y deja sin efecto al viejo artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) número 20.744. A partir de ahora empresas y sindicatos tendrán la libertad de acordar la creación de un fondo especial para hacer frente a los costos de despedir empleados. Ese fondo se va a alimentar del aporte de empresarios que varían entre el 8 y el 12 por ciento, según la antigüedad del trabajador.

El Fondo de Cese Laboral que ahora se quiere instrumentar para todas las actividades se origina en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley número 22.250, que imponen un marco regulatorio para la industria de la construcción. La doctora Carina Suárez en su libro "Reforma laboral según Ley Bases 27.742 y decreto reglamentario 847/2024" explica mejor que nadie cuáles son las desventajas para los trabajadores:

- Cobertura limitada de rubros: el FCL se enfoca en el pago de indemnizaciones, dejando de lado diferencias salariales, horas extras no recuperadas, indemnización por despido agravado o discriminatorio.

- Riesgo de insolvencia del fondo: existe un riesgo potencial en caso de mala gestión.

El nuevo método para sacarse de encima a los empleados por pocas monedas es una cosa para mirar con atención. En un contexto de desempleo creciente -llegando a los dos dígitos- y con sueldos verdaderamente miserables, el fin de la indemnización termina siendo un sofisticado dispositivo que genera desprotección laboral bajo el ropaje del acuerdo voluntario ¿Se puede hablar de voluntad, como en los párrafos precedentes- cuando el contexto económico es por demás, hostil para los trabajadores? Claro que no.

Nunca hubo ni habrá una relación de igualdad entre empleadores y trabajadores. Esto no significa que sean enemigos -se necesitan mutuamente- pero con la balanza marcadamente inclinada a favor de la patronal, los trabajadores salen perdiendo. Justamente es uno de los propósitos, si no el más importante del derecho laboral: mediar entre las partes para evitar que el más grande se coma al más chico.

El modelo previsto en la resolución general 1071/2025 da por tierra con el principio protector del derecho laboral. Los sindicatos que acepten el nuevo sistema deberán cargar sobre sus espaldas el oprobio de ser unos traidores. Que quede claro: aceptar el nuevo régimen no es inhabilidad para la tarea sindical, es una traición a los laburantes.

(*) Periodista y abogado.