El pedido del Tribunal Oral Federal (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, se emitió tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la condena por administración fraudulenta en la asignación de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.

El tribunal solicitó al Ministerio de Seguridad que, en un plazo de 24 horas, determinara una dependencia de las fuerzas federales adecuada para alojar a Kirchner y los otros ocho condenados en la causa, en caso de que no se conceda la prisión domiciliaria.

La defensa de la exmandataria, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, insiste en que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria en su departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, argumentando su edad (72 años, lo que la habilita legalmente a solicitar este régimen), el intento de magnicidio sufrido en 2022 y su rol como expresidenta.

Además, el abogado Gregorio Dalbón, desde La Haya, anunció que la próxima semana presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, denunciando una supuesta “persecución política, judicial y mediática” contra Kirchner.

El plazo para que Cristina Kirchner se presente en los tribunales de Comodoro Py y comience a cumplir su condena vence el próximo miércoles 18 de junio, salvo que se resuelva favorablemente su pedido de prisión domiciliaria.

Entre las opciones evaluadas por el Ministerio de Seguridad, según trascendidos, se encuentran la Alcaidía de Mujeres en Cavia y Figueroa Alcorta, en Palermo, y una dependencia de Gendarmería en Retiro, cerca de Comodoro Py. Sin embargo, no se ha revelado oficialmente cuál fue la propuesta final enviada al tribunal.

La decisión de Bullrich, quien en su campaña presidencial de 2023 propuso construir una cárcel de máxima seguridad bautizada “Unidad Penal Dra. Cristina Fernández de Kirchner”, generó tensiones.

Desde el entorno de la expresidenta, Dalbón calificó a la ministra como “una represora” y afirmó que no tiene competencia para intervenir en la ejecución de la pena.

Por su parte, Bullrich respondió a las críticas y amenazas recibidas en redes sociales, asegurando: “Las amenazas no tienen lugar. Y frente al caos, responderemos con orden”.

La resolución sobre su lugar de detención y el eventual beneficio de la prisión domiciliaria se espera en los próximos días, en un contexto de alta polarización.