Puerto Rico en el ojo de la tormenta: denuncian que el Gobierno entregó datos de inmigrantes a ICE

En Puerto Rico crece el repudio hacia el Gobierno local tras revelarse que entregó datos personales de al menos 6000 mil inmigrantes a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE). La información, correspondiente a personas que tramitaron licencias de conducir provisorias, habría sido utilizada para realizar redadas y detenciones, especialmente contra ciudadanos dominicanos.
La denuncia, que fue confirmada por el subdirector del Departamento de Seguridad Nacional, Yariel Ramos, encendió las alarmas en el ámbito político y jurídico de la isla.
La decisión del DTOP y la administración de JGO de entregar a ICE las listas de licencias de personas con estatus no regulado es una violación cruel de la dignidad de nuestra población migrante.
— Jean La Fontaine Santos 🇵🇷🌟 (@JeanBLaFontaine) June 6, 2025
Es un acto de traición al compromiso que hizo el gobierno de Puerto Rico con… pic.twitter.com/fdR7BVzJcV
Desde el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el senador Adrián González Costa señaló que el Ejecutivo violó la Ley 97/2013, que garantiza la confidencialidad de quienes solicitan estas licencias, sin importar su estatus migratorio.
“El Gobierno de Jenniffer González se muestra sumiso a los dictados de Washington. Esta entrega de datos está prohibida por ley y es una maniobra ilegítima”, denunció. En sintonía, María de Lourdes Santiago tildó el accionar oficial de “alineado con políticas trumpistas”.
También se sumó a las críticas el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). La senadora Ana Irma Rivera Lassén advirtió que se quebró la confianza de miles de personas: “Esta es una traición imperdonable que ya ha causado detenciones de personas sin antecedentes penales”.
Desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vivian Godineaux Villaronga rechazó la cooperación con ICE y recordó que ninguna normativa obliga a las agencias estatales a colaborar con redadas migratorias.
El escándalo derivó en la presentación de una resolución legislativa impulsada por el PIP para investigar la participación del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en la divulgación de los datos.
Mientras tanto, las consecuencias ya se sienten en los barrios: crece el temor entre las comunidades migrantes y muchas personas optan por no salir de sus casas por miedo a ser detenidas.