El esquema se enmarca dentro del llamado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, presentado como una forma de liberar los “dólares del colchón” y blanquear capitales bajo un sistema más simple. La medida, según el Gobierno, “garantiza la libertad económica” y devuelve al ciudadano su presunción de inocencia.

A partir de junio, quienes adhieran podrán tributar sobre ingresos facturados y gastos deducibles sin informar compras ni bienes. Para mayo de 2026, cada contribuyente accederá al cálculo automático del sistema en el sitio de ARCA, con la opción de modificarlo o aceptarlo.

El nuevo eje de tensión surgió con el anuncio de que las provincias que no firmen el convenio de intercambio de información propuesto por ARCA perderán el acceso a datos esenciales. Entre ellos, figuran registros de facturación de personas y empresas, y movimientos de consumo mayores a $50 millones. Esta información es clave para que las administraciones locales fiscalicen impuestos propios.

La jugada posiciona al Gobierno nacional en una postura de poder: promueve un régimen nacional “más libre” para el contribuyente, pero exige alineamiento de las jurisdicciones bajo amenaza de aislamiento informativo.

ARCA justificó la medida alegando que busca preservar la coherencia del nuevo régimen en todo el país, garantizando que los consumos y patrimonios no sean evaluados por un sistema y sí por otro.

En cuanto a las respuestas provinciales, la reacción fue dispar. Santa Fe expresó apoyo al nuevo régimen, pero anunció un paquete de medidas paralelas para evitar que la medida sea utilizada por el narcotráfico para lavar activos. “Acompañamos el blanqueo, pero no a las mafias”, declararon los ministros Pablo Cococcioni y Pablo Olivares.

En cambio, la provincia de Buenos Aires fue tajante. Cristian Girard, titular de ARBA, acusó al régimen de ser un “blanqueo encubierto” y advirtió que seguirán fiscalizando con las herramientas actuales. Además, cuestionó que se use el discurso de libertad individual para “legalizar flujos de fondos no declarados”.

Girard remarcó que las normas fiscales bonaerenses siguen vigentes y que la vigilancia sobre el patrimonio y los consumos no se desactivará en territorio provincial, aunque el sistema nacional los deje de lado.

El Régimen Simplificado se presenta como un alivio para los contribuyentes formales, pero su implementación ya abrió un conflicto político entre Nación y provincias. A la vez que promete respeto por la privacidad, ARCA busca controlar el tablero federal mediante el acceso (o la restricción) a la información tributaria.

Así, la propuesta pone a los gobernadores ante una disyuntiva: sumarse al nuevo sistema a cambio de seguir recibiendo datos, o preservar sus normas fiscales aún si eso los deja fuera del flujo de información que ARCA monopoliza.

Mientras tanto, la libertad para gastar sin declarar parece depender más de un acuerdo político que de una verdadera desregulación.