Medio rara la libertad, ¿no?: el Gobierno creó una lista negra de sindicalistas para identificar y perseguir delegados

El Gobierno nacional oficializó, mediante la resolución 34/25, la creación de una lista negra de sindicalistas en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Esta medida permite identificar a los trabajadores elegidos como delegados para defender derechos laborales, generando preocupación por sus implicancias.
Según se establece, los delegados que finalicen su mandato y pierdan sus fueros podrían enfrentar despidos, lo que representa un riesgo significativo para su estabilidad laboral.
En consecuencia, la resolución crea el “Registro Centralizado de Delegados Gremiales de la Administración Pública Nacional” y un “Registro de Juicios en los que se invoca tutela gremial”.
Estos registros recopilarán datos de los delegados sindicales y de aquellos trabajadores que hayan iniciado acciones legales contra el Estado por violaciones a sus fueros laborales, centralizando información que podría ser utilizada para señalar a los empleados.
Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), criticó duramente la medida. “Buscan disminuir la representación en los sectores de trabajo estableciendo un registro ilegal con la finalidad de que no tengan resistencia a las políticas de cada uno de los ministerios.
Es una búsqueda desesperada para que no haya tantos hombres y mujeres deteniendo la motosierra”, afirmó Aguiar a los medios. ATE anunció que presentará una demanda judicial para frenar la implementación de esta resolución, que coincide con el período de elecciones de delegados.
Asimismo, Andrés “Centauro” Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), alertó sobre el carácter restrictivo de la medida. “Son todas medidas intentando coartar la libertad sindical, intentando limitar el ejercicio pleno de lo que deben ser las entidades sindicales.
Esto se suma a la limitación del derecho a huelga de ayer”, declaró Rodríguez en diálogo radial. Además, recordó que el prescindente Javier Milei había intentado implementar una reforma laboral mediante un DNU, iniciativa que fue frenada por el Poder Judicial.
En este contexto, la abogada laboralista Natalia Salvo calificó la resolución como una “lista negra” destinada a perseguir a los trabajadores estatales. Esta medida tiene como objetivo exponer a los delegados y a quienes recurren a la Justicia para reclamar derechos laborales.
Salvo también señaló un precedente similar durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando se creó una lista de personas que iniciaban acciones judiciales contra una ley sobre riesgos laborales, considerada inconstitucional.
Finalmente, Salvo advirtió sobre las formas de persecución que podrían derivarse de esta medida, como el pase a disponibilidad o los traslados dentro del Estado.
“Al tener una lista estás señalando a los trabajadores que están en la primera línea de fuego y que representan a otros en la defensa de los derechos laborales. Después identifican a aquellos que denunciaron por tutela sindical, es decir, a los empleados que fueron despedidos o desplazados de un área del Estado pese a tener fueros laborales”, concluyó la abogada.