Interior del país
Panorama Político

Contratos en la legislatura en Entre Ríos: la punta del iceberg que Frigerio busca reflotar

El actual gobernador Rogelio Frigerio logró algo impensado años atrás, pero esta medida es apenas la punta del ovillo de una causa judicial por demás compleja. (Dibujo: NOVA)

Si bien este es un paso importante dentro de la causa judicial conocida mediáticamente como “Contratos Truchos”, la realidad es que aún queda mucha lana por desenrollar en este caso.

La causa comenzó el 20 de septiembre de 2018, cuando un astuto funcionario policial observó movimientos fuera de lo común en un cajero del Banco de Entre Ríos, ubicado en la avenida Ramírez de la ciudad de Paraná.

La insólita situación se dio cuando el efectivo notó que tres personas extraían dinero con varias tarjetas de débito que, evidentemente, no les pertenecían. Tras la denuncia, la causa derivó en una serie de allanamientos y la apertura de una auténtica “Caja de Pandora”.

Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry imputaron a Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena y Esteban Scialocomo (quienes se encargaban de cobrar los contratos y extraer dinero de los cajeros); Alfredo Bilbao y Ariel Faure (integrantes de uno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materia tributaria); Gustavo Pérez (director administrativo del Senado); Juan Pablo Aguilera (funcionario del Senado, figura clave durante el gobierno de Sergio Urribarri y cuñado del exgobernador) y Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado de Aguilera).

También fueron imputados Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y Sergio Cardoso (empleados jerárquicos de Diputados y el Senado); el contador Pedro Opromolla y el especialista en sistemas y ex empleado del Bersa, Guido Krapp (integrantes de Integral Asesoría, el otro estudio contable).

Entre los imputados estaban también María Victoria Álvarez, Ángel Rubén Ferreyra, Fernando Gastón Sarnaglia, María Jazmín Mena Giovenni, Viviana Giselle Mena Gioveni, María Macarena Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Andrea Noemí Beatriz Demartín (todos tarjeteros); y Renato Jesús Mansilla, Nicolás Beber (ambos empleados de Integral Asesoría y contratados en la Legislatura), Jorge Enrique De Breuil, José Javier Schneider, Gustavo Falco y Verónica Caino (esposa de Gustavo Pérez).

Los fiscales subrayaron que “la maniobra también contó, como aporte necesario, con la omisión a los deberes de control”. Por eso también serán enjuiciados Diego Martín Pagnoni, Hernán Javier Díaz (ambos revisores del Tribunal de Cuentas en la Cámara de Senadores), Marta Aurora Pérez (auditora del Tribunal de Cuentas en la Legislatura), Mariano Speroni (también auditor en la Legislatura) y Maximiliano Degani (revisor del Tribunal de Cuentas en la Cámara de Diputados).

La causa, como suele ocurrir cuando las investigaciones apuntan más alto, no escaló en responsabilidades: no recayó en diputados, senadores ni autoridades legislativas. Si bien el procurador Jorge Amílcar Luciano García ha anunciado que habrá una segunda parte para ellos, esto aún no sucedió.

La investigación penal llegó a la Legislatura entrerriana, donde se detectó una multiplicidad de contrataciones a terceras personas que, en distintos casos, fueron utilizadas como “prestanombres” —hoy mejor llamados “perejiles”—.

Los fiscales lograron determinar la existencia de una banda organizada, integrada por empleados de la Legislatura y personas aparentemente ajenas al sistema político, estructurados para extraer dinero de las arcas públicas. La investigación de los fiscales Yedro y Aramberry finalizó en 2021, luego de una pericia contable que determinó un desfalco multimillonario al Estado provincial.

El 1 de junio de 2021, los fiscales resolvieron cerrar la Investigación Penal Preparatoria y solicitar su elevación a juicio oral. Los abogados defensores realizaron un planteo de competencia, argumentando que la causa debía resolverse en la Justicia Electoral, ya que el dinero desviado fue, según sostuvieron, para financiar campañas políticas.

Finalmente, los letrados defensores lograron mover la investigación fuera de la órbita penal, con el apoyo del juez federal Daniel Alonso, que hizo lugar al planteo. Así, el debate judicial pasó primero a la Justicia Electoral, luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), más tarde nuevamente a la Justicia Electoral, y otra vez a la CSJN, en un trámite que paralizó las actuaciones durante más de dos años.

En 2024, la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, reactivó los trámites procesales de la causa, que estaba paralizada desde noviembre de 2021. La magistrada reinició el proceso, reanudó el cómputo de los plazos y comenzaron los trámites de remisión a juicio de la causa de los Contratos Truchos de la Legislatura entrerriana.

Inicialmente, el Poder Judicial había fijado la remisión a juicio en solo tres jornadas: los días 11, 12 y 13 de marzo de 2024. Sin embargo, el proceso se reprogramó para desarrollarse entre el 22 de abril y el 13 de septiembre de 2025, dada la complejidad del expediente y la enorme cantidad de acusados, pruebas y partes involucradas.

La investigación penal —que se inició en 2018— abarca el período entre 2008 y 2018, y tiene por objeto determinar un presunto esquema de defraudación al Estado mediante contrataciones fraudulentas en ambas Cámaras legislativas.

El supuesto mecanismo habría consistido en la celebración de contratos “ficticios” con personas que no prestaban ningún servicio en la Legislatura, pero cuyos nombres eran utilizados para canalizar fondos públicos hacia fines particulares.

De acuerdo con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, los hechos configurarían los delitos de asociación ilícita, peculado reiterado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El perjuicio estimado al erario público alcanzaría la impactante suma de 4.961.988.609 pesos, según la actualización realizada en 2021 por el perito oficial del Ministerio Público, Héctor Enrique.

Cuando se señala que esto es solo la punta del iceberg, es porque el reglamento de las Cámaras legislativas es muy claro: la última decisión sobre un contrato la toma, nada más y nada menos, que el presidente de la Cámara. Por eso, al repasar la lista de imputados, no aparece ningún dirigente político.

Para contratar a alguien en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, un legislador lo solicita al presidente del bloque —de cualquier partido— y este lo solicita al presidente del Cuerpo. El presidente del Cuerpo deriva la petición al área administrativa y, si hay presupuesto, se avanza con el contrato.

Esto significa que la última responsabilidad recae en el presidente, quien, en definitiva, es quien firma el contrato.

Es importante subrayar que todos los contratos están firmados por los presidentes de las Cámaras, y no hay ni un solo presidente imputado. Esta causa involucra a todos los partidos políticos de ese entonces, lo cual no significa a todos los dirigentes de todos los partidos.

Uno de los imputados de dudosa trayectoria es Juan Carlos Aguilera, cuñado del exgobernador Urribarri, quien tenía un cargo en el área contable del Senado durante la gestión de José Cáceres.

Otro imputado tal vez no muy conocido por su nombre es Juan Domingo Orabona, quien ocupaba el mismo cargo que Mauro Urribarri y era, por entonces, un hombre muy cercano al gobernador Gustavo Bordet. Son los dos “vinculados a la política” que hoy están imputados. Todas las imputaciones llevadas adelante por el Ministerio Público Fiscal solo alcanzaron ese escalón de responsabilidades: quienes integraban las áreas contables y administrativas de cada una de las Cámaras.

Hasta allí llegaron los vientos de justicia en la investigación del MPF, que más que un fuerte viento, terminó siendo una leve brisa. ¿Qué hubiera pasado si la investigación escalaba un poco más? ¿Hasta quiénes hubiera llegado? ¿Tal vez a los mismos legisladores y autoridades de la Cámara, como el presidente o vicepresidente?

A pesar de la gravedad de la causa iniciada en 2018 y que abarca el período 2008-2018, recién ocho años después —en 2026— iría a juicio oral y público lo que sería la primera parte de la causa de los contratos truchos legislativos, donde se habrían desviado 53 millones de dólares entre 2008 y septiembre de 2018. Los cálculos judiciales estiman que a mediados de 2026 comenzaría el debate judicial con 32 imputados, ya que se prevé que el año próximo recién se debatirá la remisión a juicio, lo cual, debido al volumen del expediente, demandará varios meses.

La insólita conexión

Se trata del vínculo entre la causa “Contratos Truchos” y la investigación abierta en Concordia sobre el abultado patrimonio del exgobernador Gustavo Bordet.

La atención está puesta en una específica operación inmobiliaria: la compra de un terreno que Bordet realizó en 2011, cuando era intendente de Concordia, a un entonces desconocido Hugo Mena, esposo de Flavia Beckman.

El terreno forma parte de un grupo de lotes que ocupan unas dos manzanas en avenida Chajarí y San Lorenzo, camino a Playa Nebel, en Concordia. En su doble rol de propietario e intendente, Bordet impulsó obras importantes que posteriormente valorizaron significativamente la zona.

Sin embargo, Bordet nunca ocupó ese terreno: en 2016 cambió de planes, vendió el terreno que le había comprado a Mena y adquirió un lote en un barrio privado termal, donde construyó su casa de fin de semana.

Al comparar los planos de catastro del momento de la compra (2011) con los de la venta (2016), aparecen datos que sorprenderán al lector.

En 2011, cuando Bordet compró, los lotes linderos al suyo figuraban a nombre de Hugo Mena y su esposa Flavia Beckman —los mismos que fueron descubiertos extrayendo dinero en cajeros automáticos del Banco de Entre Ríos con tarjetas ajenas, hecho que originó la causa “Contratos Truchos”—.

En 2016, ya no aparecían sus apellidos y esos terrenos pasaron a estar a nombre de Walter Doronzoro y Juan Domingo Orabona (este último, empleado jerárquico en la Legislatura e imputado en la causa).

En el legajo de la causa “Contratos”, se detectaron una serie de inversiones llevadas a cabo por algunos imputados, presuntamente con parte de los fondos sustraídos.

En correos electrónicos y anotaciones figura un “Loteo en Concordia”. Hay mails enviados por Gustavo Pérez a Luján Orabona, hermana de Palito Orabona y escribana. En esos mensajes, Pérez le envía a la notaria los datos de Mena y Beckman para que, “a pedido de Palito”, figuren como firmantes en la operación de compra del loteo, que se realizó en 2009 a una sucesión.

El actual gobernador Rogelio Frigerio logró algo impensado años atrás. Pero esta medida es apenas la punta del ovillo de una causa judicial por demás compleja que tal vez...

Lectores: 1682

Envianos tu comentario

Nombre:
Correo electrónico :
Comentario: