Ese día, 1.266 efectivos (una cifra similar a la de un operativo por un superclásico) desplegaron un arsenal compuesto por cartuchos de 38.1 milímetros, gases lacrimógenos, gas pimienta y proyectiles de goma.

Grillo, fotógrafo de 35 años, fue impactado en la cabeza por un proyectil lanzado por un gendarme y permanece internado en terapia intensiva. Su familia, que fue aceptada como querellante en la causa, denunció el uso excesivo de fuerza por parte del Estado.

La mayor parte del gasto en ese operativo fue para la Policía Federal, que recibió más de 75 millones de pesos. El resto fue repartido entre Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

A esto se suma una compra directa a Fabricaciones Militares por casi un millón de dólares en cartuchos y granadas, además de una licitación de más de 580 millones de pesos en equipamiento personal para fuerzas de seguridad.

Cada cartucho como el que impactó a Grillo costó 169 dólares, y cada traje completo de represión supera el millón de pesos, el equivalente a tres jubilaciones mínimas con bono. Mientras tanto, el Gobierno se niega a detallar cuántos insumos fueron utilizados y cuánto se gastó en inteligencia, infiltrados y propaganda mediática durante el operativo.

La represión fue justificada por funcionarios que, en paralelo, impulsan el ingreso de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior, una agenda histórica de Patricia Bullrich. En el Congreso, distintas fuerzas opositoras exigen explicaciones y piden que se frene la escalada represiva.