La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la decisión al considerar que la permanencia de estos migrantes en EE.UU. es "contraria al interés nacional". Según el documento oficial, aunque en Venezuela persisten condiciones adversas, se han registrado "mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia", que permitirían el retorno seguro de los ciudadanos.

La orden también vincula la migración venezolana con la criminalidad, mencionando la presencia de la pandilla Tren de Aragua en territorio estadounidense. Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado esta afirmación, señalando la falta de datos que respalden un aumento significativo de delitos cometidos por venezolanos.

Por su parte, Amnistía Internacional rechazó la decisión y aseguró que los beneficiarios del TPS son personas que "huyen de una crisis humanitaria y de una grave represión política".

Antes de dejar el cargo, el expresidente Joe Biden había extendido el programa por 18 meses, beneficiando a unos 600.000 venezolanos, así como a migrantes de El Salvador, Sudán y Ucrania. Durante su primer mandato, Donald Trump intentó eliminar el TPS para varios países, pero enfrentó desafíos legales que frenaron su implementación.

La medida no afecta a los venezolanos que obtuvieron el TPS en 2021, cuyo estatus permanecerá vigente hasta el 10 de septiembre.