Según informaron fuentes cercanas al caso, durante los allanamientos del viernes, exempleadas de Hairspray Studio denunciaron que recibieron amedrentamientos y amenazas por parte del municipio de Pilar y allegados a Pombo. Las mujeres, que forman parte del grupo de más de diez testigos clave que confiaron detalles del esquema de corrupción al dirigente de la Coalición Cívica Pilar, Matías Yofe, aseguraron que los intentos de intimidación se intensificaron en las últimas 24 horas.

Realpolitik indicó que una de las testigos fue denunciada por inspectores municipales de la gestión de Achaval, en un claro acto de persecución institucional que pone en evidencia el uso del aparato estatal para silenciar voces. La otra testigo, por su parte, fue amenazada directamente por un empleado de la propia Pombo, quien, se presume, estaría actuando bajo las órdenes de la exfuncionaria.

La investigación y los hallazgos clave

La causa, encabezada por el juez federal Adrián González Charvay, está centrada en una presunta red de lavado de dinero vinculada a Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte de la gestión de Axel Kicillof, y Claudia Pombo, expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar.

Realpolitik detalló que durante los allanamientos realizados en el Sheraton Pilar, se encontraron documentos que podrían ser determinantes para probar las irregularidades denunciadas, incluyendo contratos sospechosos y registros financieros de la peluquería y la financiera involucradas.
Hairspray Studio, propiedad de Pombo, es investigada por supuestamente pagar los salarios de sus empleadas mediante contratos irregulares en el Senado bonaerense. Además, se sospecha que los fondos provenían de Token Capital, una financiera con lazos directos con Pombo y su círculo.

Las recientes denuncias apuntan también al intendente Federico Achaval, quien junto a Pombo y D’Onofrio estaría utilizando inspectores municipales y recursos estatales para presionar a los testigos de la causa. La participación del municipio en estos actos de intimidación genera interrogantes sobre cuán profundo es el entramado de corrupción que se está investigando.

Un escándalo que salpica

Tal como fue informado por Realpolitik, la caída de Jorge D’Onofrio del gabinete de Axel Kicillof en diciembre marcó el inicio de esta causa, que ahora amenaza con expandirse más allá de la provincia de Buenos Aires. D’Onofrio había asumido en 2022 como ministro de Transporte, pero su gestión estuvo marcada por denuncias de irregularidades en las concesiones de la verificación técnica vehicular (VTV) y las fotomultas.

La causa también involucra a otros funcionarios cercanos a Pombo, como su hermana Roxana Pombo, también funcionaria del ministerio de Transporte, y Facundo Asencio, director provincial de la VTV. La Justicia ya ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los implicados.

Según indicó Realpolitk, la investigación sigue en curso, y los hallazgos recientes prometen abrir nuevos capítulos en un caso que expone las conexiones entre el poder político, el lavado de dinero y la corrupción en la provincia de Buenos Aires.