Eran días difíciles para la Confederación Argentina. La caída del gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas, el 3 de febrero de ese año, había dejado un vacío de poder que necesitaba ser llenado con una nueva estructura de gobierno que uniera a las provincias bajo un mismo estandarte. Ese fue el objetivo de los firmantes del pacto.

El Acuerdo de San Nicolás fue el resultado de frenéticas negociaciones, que habían comenzado en abril de 1852 y reflejó el compromiso de los líderes provinciales con la creación de un país unificado. Entre los firmantes se encontraban figuras como Justo José de Urquiza, por Entre Ríos y Catamarca; Vicente López y Planes, por Buenos Aires; Benjamín Virasoro por Corrientes; Domingo Crespo, por Santa Fe; Pedro Pascual Segura, por Mendoza; Nazario Benavídez, por San Juan; Pablo Lucero, por San Luis; Manuel Taboada, por Santiago del Estero; Celedonio Gutiérrez, por Tucumán; y Manuel Vicente Bustos, por La Rioja.

El documento decretó la vigencia del Pacto Federal de 1831, designó a Urquiza como Director Provisorio de la Confederación Argentina y convocó a un Congreso General Constituyente, al año siguiente, en Santa Fe. La objeto de la convocatoria era construir un consenso sobre las premisas básicas que debían tener lugar en la ley fundamental.

La provincia de Buenos Aires adhirió al acuerdo, pero la política bonaerense se debatía en una interna entre acuerdistas y rupturistas. La provincia no aceptaba que el Congreso de 1853 se celebre en Santa Fe, ni el liderazgo de Urquiza. Finalmente los que tenían vocación separatista lograron el triunfo de su posición en la revolución del 11 de septiembre de 1852, por la que Buenos Aires se retiró de la Confederación.

Pese a los contratiempos, el Acuerdo de San Nicolás se mantuvo firme. El trabajo de la Convención General Constituyente se vió terminado el 1 de mayo de 1853, con la sanción de la Constitución de la Nación Argentina, jurada en todo el país a excepción de Buenos Aires, que tuvo su propio plexo normativo en 1854.