Ahora, y por una cuestión de competencia, la causa recayó en el Juzgado Civil N° 80 a cargo del juez Eugenio Labeu, Secretaría N° 110 a cargo del doctor Ignacio Bravo D'andre y con intervención de la Fiscalía en lo Civil y Comercial N° 3 a cargo de la fiscal Raquel Mercante.

Según manifestó Galarza en su denuncia, Cartañá se ofreció en 2018 de forma insistente a efectuar las pericias. El psicólogo realizaría tres viajes a visitarla en su celda de la Comisaría de la Minoridad y las Mujer en la ciudad de Gualeguaychú, y practicaría una docena de test con la intención de que fueran sumados al expediente.

Según sostuvo en su momento la defensa de Galarza, a cargo del doctor Horacio Dargainz, Cartañá solo le realizó dos entrevistas de 40 minutos, y luego envió “una pericia básica e incompleta en materia de los supuestos test que fue rechazada de plano por su inconsistencia profesional y jamás se utilizó en el juicio oral”.

"Menos mal que no me abrí con él, para mí solo era un viejo baboso que decía las mismas boludeces que en Bendita TV”, habría resumido Galarza (según consta en el libro “El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchameinto Mediatico” de su exvocero Jorge Zonzini)

“La decisión fue demandar en forma penal y civil para que ninguna otra mujer adolescente deba pasar por una vejación tal a su intimidad, ser vulnerada en espacios televisivos para beneficio económico del imputado, sin ningún tipo de escrúpulos e incumpliendo con el debido secreto profesional”, expresó entonces Horacio Dargainz.

Cartañá argumentó que la denuncia era “una maniobra de promoción" y no iba a prosperar. Asimismo, presentó un carta con la supuesta firma de Nahir Galarza aceptando que el psicólogo pudiera divulgar en los medios la intimidad todo lo conversado durante la fallida pericia, documento que la querella denunció por apócrifo.

La firma apócrifa de Nahir se probó recientemente con el documento ya peritado por peritos calígrafos de parte y oficiales, por lo que le podría caber a su vez el delito especificado en el Artículo N° 172 del Código Penal, que dictamina que "si el instrumento falso o ideológicamente falso tiene como fin controvertir el objeto de la demanda, es una estafa procesal, que se comete al inducir mediante ardid o engaño a un juez para que emita una resolución en perjuicio de la otra parte".

El código expresa que tal crimen "será reprimido con prisión de un mes a seis años", por lo que la situación procesal de Cartañá se agravaría: se suma la ruptura del secreto profesional y el daño por divulgar un diagnóstico falaz sin autorización de la paciente.

No es la primera vez que personajes famosos y "mediáticos de la salud mental" son demandados. Ya, con anterioridad, habían sucedido hechos escandalosos con la demanda a el psicólogo Gervasio Díaz Castelli en el caso del suicidio de la ex Gran Hermano Rocío Gancedo, o del médico y terapeuta gestáltico el doctor Jorge Bucay por denuncias de plagio, entre otros.