Los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea eligieron el caso de Diego Chemes para pedir un plenario en la Cámara de Casación en el que se discutieran los alcances de la domiciliaria para adultos mayores. Chemes, que actuó en el centro clandestino de detención Vesubio, es un genocida básicamente desconocido, pero, si su intento prosperaba, podría ser la llave para otros más notorios como Alfredo Astiz o Jorge Acosta –conocido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como el “Tigre”.

Chemes era un agente del Servicio Penitenciario que actuaba en el campo de concentración ubicado en el partido de La Matanza. Allí, lo conocían como “Polaco”. Lo escuchaban hablar de sus historias de cómo se infiltraba en los barrios populares para detectar militantes o lo veían llevarle mandarinas a una secuestrada que estaba embarazada. “Éste va a ser para mí”, le decía mientras le miraba la panza. Un día dio rienda suelta a su perversión y no apareció con una fruta, sino con una capuchita para el bebé.

Chemes tiene 71 años. Está detenido desde 2006. En 2011, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 lo condenó a 21 años de prisión. En 2020, en plena pandemia, lo mandaron a su casa y, en 2022, le revocaron ese beneficio. El 5 de diciembre, la Sala IV de la Casación denegó un nuevo planteo del represor. El 11 de diciembre, el primer día hábil después de la asunción de Milei y Villarruel, Olea y Saint Jean pidieron un plenario. ¿Cuál era el argumento que invocaron? Que las distintas Salas de la Casación no tienen una línea única.

Olea conoce bien la Casación. Fue secretaria de Eduardo Riggi, que se jubiló durante el gobierno de Alberto Fernández. Riggi llamaba “terroristas” a las víctimas de los centros clandestinos. Olea se fue del tribunal envuelta en un escándalo después de que se supiera que alternaba su tarea como funcionaria con la defensa de su padre, Enrique Braulio Olea, uno de los jefes de área en el V Cuerpo de Ejército. Su coequiper Ricardo Saint Jean es hijo de Ibérico Saint Jean, interventor de la dictadura en la provincia de Buenos Aires.

Desde hace tiempo, los abogados de los procesados y condenados por lesa vienen intentando obtener alguna concesión de la Casación. En 2022, pidieron una entrevista en la Cámara después de que el entonces presidente del tribunal, Alejandro Slokar, organizara una reunión con Madres, Abuelas, HIJOS, Familiares, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros organismos.

Olea y Saint Jean no estuvieron solos en la cruzada. El 9 de febrero, se presentaron los abogados Elena Rita Genise y Guillermo Jesús Fanego para reclamar ser oídos si se llevaba adelante el plenario. La presentación la hicieron en nombre de la Asociación de Abogados Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, una ONG que agrupa a penalistas que intervienen en las defensas de acusados por crímenes contra la humanidad. El grupo se conformó hacia finales de 2017, cuando naufragó el otro gran intento de tomar a un represor ignoto –Luis Muiña, que actuó en el Hospital Posadas– como llave para que saliera todo el resto con la llave del 2x1 que otorgó la Corte Suprema.

En la Asociación de Abogados Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, hay quienes tienen llegada a Villarruel. Entre otros, Fanego y Marcelo Llambías, un militar al que le dieron la baja durante el gobierno de Néstor Kirchner después de ser condenado por haber asesinado a un compañero de armas. Tanto Fanego como Llambías estuvieron entre los invitados al acto de la Legislatura que organizó la actual vicepresidenta en septiembre del año pasado. Otro que tiene línea directa con la vice es Javier Vigo Leguizamón, que integra con ella el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una organización que armó la procesista Asociación Unidad Argentina (Aunar) cuando entendió que la reivindicación de lo actuado durante la dictadura ya no era bien visto.