Ambas afirmaron que más de un centenar de periodistas, políticos y funcionarios judiciales eran espiados ilegalmente a través de las denominadas OB (Ordenes de Observación) de la AFI (la ex SIDE) que entonces era liderada por el actual senador kirchnerista Oscar Parrilli. Bullrich y Alonso entregaron una lista de personas presuntamente espiadas que incluía a miembros de la Corte Suprema, jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, empresarios y políticos.

En ese expediente, el ex agente de inteligencia de la exSIDE Antonio Stiuso se presentó como querellante y aportó datos que mostraron los ingresos ilegales y sin orden judicial de la AFI a la base de datos de la Dirección General de Migraciones para saber su paradero horas antes de la muerte de Nisman. De haber hecho esas consultas se responsabiliza a los entrerrianos Lesa y Palá, quienes no solamente fueron indagados por el espionaje que concretaron sino que, además, quedaron involucrados en la causa madre por el crimen del fiscal Alberto Nisman.

En la investigación de espionaje se suman ingresos similares respecto de la ex esposa de Nisman y madre de sus hijas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. En todos los casos, según el fallo, “se activó una dirección IP asociada a un domicilio en Paraná, Entre Ríos, que era ocupado por Palá y Lesa y a un teléfono también vinculado a ellos”.

Ambos funcionarios entrerrianos siempre fueron cultores del bajo perfil, a pesar que tienen numerosos contratos con el Estado provincial desde el último gobierno de Jorge Busti, aunque siempre estuvieron ligados al "urribarrismo”. De hecho, llegaron a Busti de la mano del equipo de campaña del entonces ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, en julio de 2006, donde se encontraban Facundo Cabrera -fundador del grupo Octógono-, Sergio Gómez e Ignacio Labarba.

Por el decreto 4078, Pablo Federico Palá formalizó un primer contrato con Busti y Urribarri para la realización de contenidos en la web oficial del Gobierno entrerriano. Poco después hubo otro contrato, el número 9413 del 28 de diciembre de 2006, donde se le hizo un contrato a Alexis Lesa -el otro imputado en Buenos Aires-, pero esta vez firmado por Busti y su ex ministro de Gobierno, Adán Humberto Bahl, actual intendente de Paraná y candidato a gobernador del oficialismo. No obstante, quien lo contrató fue el entonces subsecretario de la Juventud, Gonzalo García Garro, uno de los integrantes del tribunal que dispuso la destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche el año pasado.

Con Urribarri ya gobernador, los integrantes de Octógono pasaron a ser del grupo de tareas del ex ministro de Gobierno, Mauro Urribarri,y de su padre. Y crecieron económicamente con el aval de ambos. De hecho, hay que recordar que desde el 2008 comenzó a funcionar el sistema de los contratos truchos legislativos, donde el rol de Juan Pablo Aguilera y Mauro Urribarri fue determinante en cuanto a la logística que aportaron para su desarrollo. Y los personajes de Octógono ya estaban desplegando sus tentáculos por los diferentes organismos estatales, para ir recaudando dinero público que se le iba esquilando a contratados que solamente aportaban su nombre y DNI, pero que nunca pisaron la Legislatura.

Cuando se conoció la información por Clarín de las tareas de espionaje que realizaban, a varios los sorprendió la acusación, pero en el urribarrismo se entendió enseguida que en “algún momento” iban a caer. No pocos conocían de esos movimientos, pero siempre lo mantuvieron bajo siete llaves y fue más fácil para los operadores mediáticos del urribarrismo acusar a otros, cuando los espías estaban a sus alrededores y con una base operativa siempre importante.

Lo cierto es que Alexis Lesa y Pablo Palá -cercanos al denominado grupo Octógono de Paraná- están acusados por espionaje y tareas de inteligencia ilegales nada menos que sobre el ex director de Contrainteligencia Stiuso y la jueza federal Arroyo Salgado. Y entre los investigadores que llevan adelante la causa en la Ciudad de Buenos Aires no se descarta que aparezcan nuevos nombres de Paraná, realizando tareas de ese tipo. “No son los únicos que hacían y hacen espionaje en la capital entrerriana o desde lugares de Entre Ríos, vinculados a este grupo. Son varios más y están sobre sus pasos. Es cuestión de tiempo solamente”, indicó una fuente judicial de Buenos Aires.