Al presentar el informe estadístico en el contexto de la Colecta Anual de Cáritas, Salvia afirmó que se están transitando en el país situaciones de pobreza e inseguridad alimentaria sobre las cuales hay que tomar nuevas y mejores medidas desde el punto de vista estratégico, para cambiar las condiciones de vida de la población argentina.

El informe recoge datos estadísticos entre 2010-2022, haciendo hincapié en el período 2017-2022, relevando no sólo los índices de pobreza e indigencia, sino también otras dimensiones relacionadas, tales como el alcance de la cobertura de planes sociales, la alimentación, la vivienda, acceso a servicios, empleo y seguridad social.

Las evidencias confirman aumentos de la indigencia y pobreza en la fase 2017-2022. Actualmente, son las estrategias para la obtención de recursos que adoptan las familias y no la calidad de los empleos, ni la evolución de las remuneraciones, los factores que logran atenuar la tendencia creciente de la indigencia y pobreza por ingresos.

Los índices de indigencia en 2022 se ubicaron en el 8,1 por ciento y los de pobreza en el 43,1 por ciento, afectando con mayor fuerza a la población más vulnerable. Sin embargo, los nuevos pobres pre y post-pandemia provienen de las clases medias tradicionales no profesionales.

En caso de ausencia de diferentes transferencias de ingresos (sin AUH, otros programas ni pensiones no contributivas) brindadas por el Estado nacional, dichos índices hubieran sido aún más graves. Sin estas ayudas, en 2022, la pobreza hubiera llegado al 50 por ciento y la indigencia al 19,6 por ciento.

La inseguridad alimentaria experimentó un incremento sostenido desde 2017, cuando alcanzó al 15,8 por ciento de la población, luego llegó a un pico de 26,7 por ciento en plena pandemia y, en 2022, se ubicó en un 23,3 por ciento. Se incrementaron tanto las situaciones de privación severa como moderada, de manera particular entre los estratos más vulnerables.

Tanto la tenencia de una vivienda digna como el acceso a servicios básicos muestran tendencias algo más favorables, fundamentalmente en este último aspecto, fuertemente vinculado a la inversión pública. Los estratos marginales fueron los que, en términos relativos, tuvieron una mejor evolución. En relación al acceso a una vivienda digna, no se observan mejoras significativas según el estrato socioeconómico.

En cuanto al empleo, el contexto de estancamiento económico y limitaciones de la economía, determina un sostenido incremento del déficit en el acceso al empleo y la seguridad social.

Las evidencias confirman un empeoramiento creciente de la inserción laboral de los hogares y de la población entre 2017 y 2019, a partir de lo cual la exclusión social se estabiliza, aunque en niveles muy altos de descarte laboral.

La desocupación tiende a retraerse entre 2020-2022, tanto por una recuperación de los empleos plenos como de los subempleos de indigencia. En la pandemia crecieron las actividades de la denominada “economía social y solidaria”, donde el trabajador no es ni asalariado ni empleador de otros. Hoy, esta economía constituye -ante la ausencia de otras posibilidades laborales- la principal fuente de trabajo e ingresos en los sectores populares.

Asimismo, se destaca que el conjunto de los trabajadores está perdiendo ingresos laborales reales desde 2017, lo cual a su vez reduce la brecha de las remuneraciones de los distintos sectores.