El pasado martes, el jefe de Ministros de la provincia, Juan Luna Corzo, dijo que su obligación es garantizar la “normal prestación de servicio”. Sin embargo, es el Gobierno el que no viene garantizando el derecho a la educación ni a la salud.

Los hospitales han sido vaciados, no hay insumos y los profesionales se van por los bajos salarios. En educación ocurre lo mismo. Desde la pandemia hay un abandono de las escuelas, no hay personal y mucho menos construcción de nuevas aulas y establecimientos. El 50 por ciento de los alumnos abandona la escuela secundaria; el dinero destinado a los comedores escolares es vergonzoso.

El Gobierno también afirma que hay un “agotamiento de toda instancia de diálogo”. Pero la docencia coincide en decirle al gobernador y sus ministros: “Nosotros no comemos diálogo, no se paga el combustible para llegar a la escuela con diálogo. Ustedes no hicieron ninguna nueva propuesta de aumento, ni un peso”.

Todo esto mientras Quintela, Luna Corzo, Ariel Martínez (ministro de Educación), Juan Carlos Vergara (ministro de Salud) viven en una opulencia descomunal con la plata del Estado.

Por último, en la mencionada conferencia plantearon que “el paro no tiene cobertura legal” y es un “paro residual”. Sin embargo, el paro supera el 80 por ciento en toda la provincia hace cuatro semanas y tiene una adhesión mayor en salud.

El Gobierno dice que el reclamo salarial es ilegal, que no se respetó la paritaria y porque no se aceptó la conciliación obligatoria, lo cual es una mentira. Primero, todo está presentado en el Ministerio de Trabajo de Nación.

Luna Corzo vuelve a mentir cuando dice que los trabajadores de la salud no tienen personería gremial y es refutado en la misma conferencia por el ministro de Salud Vergara, que reconoce que Aproslar fue llamado a conciliación obligatoria.