Las Malvinas fueron un campo de batalla no sólo contra los ingleses. En las islas se libraba una batalla interna también en condiciones de extrema desigualdad. Soldados con escaso o nulo entrenamiento y alimentación aún más escasa, sin abrigo ni calzado acorde al frío feroz, además del armamento obsoleto, luchaban, también, por sobrevivir a las condiciones que impusieron sus cobardes e irresponsables jefes.

Poco se habla del flagelo de aquellos jóvenes ante sus superiores, quienes se encontraban imputados por vejámenes contra soldados. Aquella lucha que comenzó hace varios años atrás, terminó por definirse que son delitos de lesa humanidad y por lo tanto, no prescriben.

Claros ejemplos se vieron en Río Grande, por ejemplo, donde hubo aproximadamente 74 casos, que habrían consistidos en “estaqueamientos, enterramientos y deliberada falta de alimentación”, denunciaron los ex combatientes quienes explicaron que los superiores de las fuerzas armadas utilizaban para amedrentar y aleccionar a los soldados conscriptos que participaron entre el 2 de abril y el 14 de junio de aquella guerra en 1982.

En el marco de un incidente de incompetencia y prescripción, la jueza Liliana Herraez dijo (en marzo pasado) que los hechos investigados son delitos de lesa humanidad y por consiguiente, imprescriptibles. Medios como Página 12, Télam, Izquierda Diario, El Gaucho, TV Pública, El Sureño, fueron medios abocados a acompañar a los ex combatientes y darles el micrófono para que relaten las vivencias de su vida.

En ese momento, aquellos relatos se hicieron fuertes y reflotaron en la réplica de varios medios que poco a poco llegaron con más peso y fuerza a cientos de ex combatientes que marcharon y se unieron en una sola voz a pedido de justicia.

La causa data de 2007 y está radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, tiene 130 jefes militares imputados, solo tres están procesados y hay 15 llamados a indagatoria que esperan un pronunciamiento de la Corte Suprema argentina.

La cámara, en fallo dividido, dijo que “los elementos obrantes en la causa permiten al momento señalar que la aplicación de sufrimientos, consistente en la privación injustificada de alimentos, aplicación de sanciones ilegitimas y degradantes a los integrantes de la propia tropa, habría sido una práctica corriente realizada por el personal superior durante la guerra del Atlántico Sur. Hechos estos que por su presumible generalización merecen ser categorizados prima facie como crímenes de lesa humanidad”.

“En el caso las acciones degradantes contra los conscriptos habrían sido deliberadamente perpetradas y bajo el amparo de cargos oficiales que otorgan superioridad, transgrediendo de este modo normas universalmente aceptadas por el Derecho Internacional”, agregó.

Por otro lado, en Comodoro Rivadavia, la jueza Eva Parcio de Seleme, titular del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, rechazó en febrero último una excepción de prescripción en una causa similar. Sostuvo que los hechos investigados están enmarcados en el contexto histórico que atravesó el país entre 1976 a 1982, en el marco del denominado Proceso de Reorganización Nacional, “coincidente con las ilegítimas e ilegales acciones y crímenes aberrantes cometidos por la última dictadura militar”.

Agregó que “la guerra de Malvinas formó parte de ese nefasto proceso con un inusitado proyecto de mantenerse en el poder. Que el hecho investigado forma parte en su generalidad, de un conjunto de hechos similares en relación a que las víctimas resultaban ser soldados conscriptos en el conflicto armado de Malvinas y que fueran cometidos en su perjuicio por algunos Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas cometidos tanto en el continente como en el territorio de las islas”.

Y señaló: “La prueba colectada hasta el momento permitiría considerar que la aplicación de sufrimientos, consistentes en la privación injustificada de alimentos, aplicación de sanciones ilegitimas y degradantes a los integrantes de la propia tropa, fue una práctica corriente llevada a cabo por el Personal Superior durante la guerra del Atlántico Sur, como parte de una política de supremacía de los altos mandos que se encontraban en combate por sobre los soldados de inferior jerarquía”.

No se quedaron callados

Ante la falta de respuestas y de avance en la justicia, un grupo de ex combatientes de Malvinas, realizó un pedido en la ONU, para suplicar que se expida sobre las demoras del poder Judicial en relación a la causa por torturas de militares argentinos contra su propia tropa, durante la guerra de 1982.

Entre los planteos presentados, figuraba el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires.

Ahora, ¿por qué razón hay tanta demora? En este caso lo que se espera es que el máximo tribunal resuelva si la causa por castigos inhumanos que padecieron los soldados son o no delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptibles o ya se extinguió la acción penal.

Pero, cuando avanzan sobre el tema, posteriormente se retrocede con la argumentación de que no hubo delitos de lesa humanidad.

Es decir, demoran en decidir si los oficiales que estuvieron al frente de tropas en la guerra de Malvinas deben ser juzgados por los estaqueamientos a la intemperie, enterramientos, golpizas y demás vejámenes contra subordinados son delitos de lesa humanidad o bien delitos comunes. ¿Qué pasa en la justicia?

"Hemos decidido sumar una vía más de reclamo, esta vez ante la ONU", explicó Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos de la agrupación que sostiene que la demora de la Justicia argentina pone a los ex combatientes torturados en una situación de “vulneración” (nueva vulneración) de sus derechos.

Los abogados que representan a la querella, Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentino Alonso explicaron que a la ONU se le requirió que “evalúe el accionar del Estado argentino que, a instancias del Poder Judicial de la Nación, omite desde hace cuatro décadas investigar el delito de torturas".

Recordemos que el Tribunal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había confirmado los procesamientos el año pasado, al considerar que se cometieron delitos de lesa humanidad, en sintonía con el juzgado de primera instancia que lleva la causa.

Pero las defensas apelaron en base a un fallo del 2009 vinculado a otro acusado, Jorge Taranto, en el cual con otros jueces, la misma sala I de Casación consideró prescriptos los delitos, al no encuadrarlos como de lesa humanidad

Este fallo de 2009 quedó firme y en 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de revocatoria contra la prescripción de la acusación a Taranto, por entender que era "cosa juzgada", al no haber sido apelada dentro de los plazos legales.

¿Qué pasa ahora?

Situándonos en el 2022, última fecha dónde se habló del tema al respecto, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento de tres ex militares acusados de vejaciones y torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas en 1982, al ratificar que consideran prescriptos.

Lo hizo en base a un fallo de 2009 que consideró que no hubo delitos de lesa humanidad. La decisión de la Sala I del máximo tribunal penal federal del país benefició a los acusados Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, cuyos procesamientos por el delito de "vejaciones" quedaron anulados.

Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la tercera integrante de esa sala Ana María Figueroa, anularon lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ordenaron dictar una nueva resolución.

Casación hizo lugar así a planteos de la defensa de los procesados y de otro acusado con falta de mérito, Belisario Affranchino Rumi.

"La decisión de la Cámara es una aberración jurídica que convalida la impunidad en clara oposición al derecho internacional, las torturas son violaciones a los derechos humanos", explicó el abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola. El letrado anticipó que acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“El terrorismo de Estado se trasladó a Malvinas y se aplicó en forma sistemática en todas las unidades militares que participaron dentro del teatro de operaciones", sentenció Ernesto Alonso, ex combatiente.

En abril de 2021, la Cámara de Comodoro Rivadavia, con jurisdicción sobre el juzgado de Tierra del Fuego, confirmó los procesamientos y cambió el delito a “vejaciones”, pese a lo cual igual los consideró como de lesa humanidad e imprescriptibles, hasta que en mayo de este año Casación volvió a aplicar el precedente Ferrante y anuló por mayoría los procesos al considerar que los delitos estaban prescriptos.

De esta manera, ya sea tanto por el caso Ferrante como por el de Gassino, Garde y Calderini, el máximo tribunal deberá expedirse sobre la cuestión de fondo en los próximos meses.

Si bien la Corte ya emitió un pronunciamiento relacionado a este tema en el caso “Taranto”, lo hizo entendiendo que la apelación había sido presentada fuera de los plazos legales, sin ingresar en el debate sobre si los delitos deben ser considerados o no como crímenes de guerra e imprescriptibles, explicaron los voceros judiciales consultados.

La investigación por supuestas torturas a soldados en Malvinas tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos e impulsó las denuncias en el juzgado fueguino.

En la causa siempre convivieron opiniones encontradas sobre si los hechos formaron parte de un plan sistemático contra los conscriptos o si, en cambio, se trató de sucesos aislados protagonizados por un grupo de militares partícipes de la guerra. Por el momento, el pedido de justicia sigue vigente y los ex combatientes siguen, día tras día, recordando aquellos momentos en los cuales la violencia no solo se veía con los ingleses, si no con sus mismos compatriotas.

Investigación:

Pedro Nicolas Domínguez

Jorge Di Pietro, Cevecim Berisso