El hecho en concreto se trata de la contratación Google Analytics 360, un servicio de análisis web cuya función es recopilar, administrar y consolidar los datos del sitio web, mostrando a los usuarios cómo se relacionan los clientes con sus sitios en línea, anuncios, videos y herramientas sociales en todos sus dispositivos.

Según lo explica Google, la herramienta tiene una gran utilidad para optimizar campañas y estrategias de marketing, dándole a los administradores de los sitios webs un panorama sobre el target de sus contenidos y la reacción al mismo según sus características. Un servicio de este estilo en manos del Gobierno solo puede tener un objetivo claro: la campaña política para las elecciones del 2023.

Sin embargo, más allá del uso de fondos públicos para motivos electorales, lo más indignante sobre el tema es que Google Analytics 360 se puede adquirir de forma gratuita. Sobre todo en un contexto en el que la gran mayoría del pueblo sufre y tiene problemas para llegar a fin de mes, llenar la heladera, y llevar una vida digna. Los fondos estatales, que deberían usarse para mejorar la calidad de vida de quienes contribuyen al país, son despilfarrados sin ton ni son.

Cabe soslayar también que este tipo de herramientas y estudios, que si bien en manos de privados tienen una finalidad comercial, cuando son utilizados por el Estado implica que los gobiernos tengan información sobre quienes acceden a los sitios webs oficiales, lo que podría llegar a tener ramificaciones de control social e incluso de espionaje si se hace un mal uso de los mismos. Cuando quien tiene acceso a esos datos son funcionarios que responden a Cristina Fernández, las alarmas se encienden.