Alertados por los ruidos, los empleados de la planta Benavidez de la empresa Pelco S.A., llamaron a la policía que concurrió al lugar ante una posible usurpación. Efectivos del Destacamento de Villa La Ñata constataron los destrozos y trasladaron al delegado municipal y a su esposa a la comisaría.

El extraño procedimiento de intento de toma de posesión un viernes por la tarde habría sido realizado por el Delegado municipal según refirió “por orden del intendente”, aunque sugestivamente cuando estaba a punto de ampliar su declaración en sede policial y en presencia de un escribano de la empresa se produjo un súbito corte de luz que impidió continuar con el trámite, y minutos más tarde apareció en escena el fiscal Sebastián Fitipaldi, de la UFI de Benavídez, tomando el control de la situación.

El conflicto entre Pelco y el Municipio no es nuevo: meses atrás la empresa denunció que Julio Zamora, intendente de Tigre, los hostiga y persigue por motivos políticos, ya que la actividad en la planta de Benavídez se remonta a una concesión otorgada en 2012 para reconvertir y sanear un predio abandonado con la finalidad de reciclar aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, denominados RAEEs, que demandó una importante inversión y brindó empleo a integrantes de cooperativas que tenían convenio con la municipalidad, llegando a exportar plaquetas para recuperación de metales preciosos.

Con la llegada de Zamora a la intendencia esa iniciativa ambiental fue dejada de lado beneficiando a otros actores que sin mayores antecedentes en el rubro fueron ganando terreno y obteniendo concesiones mientras se intentaba desmantelar programas de reciclado que funcionan exitosamente.

A la par la comuna desconocía una importante deuda certificada con Pelco, habría cancelado la concesión omitiendo informar a la empresa mientras continuaba exigiendo mejoras y cobrando las tasas municipales.

Recién en diciembre de 2021 el secretario de Gobierno y hermano del intendente, Mario Zamora, intentó acomodar el procedimiento administrativo intimando a la devolución del predio bajo la supuesta cancelación de la concesión que habría operado en 2017 y nunca se informó fehacientemente.

Incluso trataron de inventar una causa en el Tribunal de Faltas municipal invocando falsamente comportamientos a la empresa, citándolos el 29 de Diciembre para que el mismo día concurrieran al tribunal, bajo amenaza de llevarlos por la fuerza pública.

Desde la empresa consideran que todos estos elementos constituyen una sumatoria de delitos e intimidaciones, teniendo en cuenta que se habrían intentado fraguar causas y actos administrativos, que culminaron en el reciente intento de toma de posesión del predio por la fuerza y sin más elementos que una “orden del intendente” por WhatsApp.

Rivalidad

Las diferencias políticas entre el intendente de Tigre Julio Zamora y el ex jefe comunal y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, tienen larga data. Y pese a que en los últimos dos comicios lograron sendos acuerdos de convivencia, el panorama a futuro no es alentador.

Son tantas las discrepancias entre ambos que Zamora quedó envuelto en una polémica de claro tinte político contra una empresa que ya lleva casi 30 años radicada en Tigre y que, la directora ejecutiva, Claudia Kalinec, decidió hacer público el “hostigamiento” y las “represalias” que viene sufriendo de parte del actual gobierno municipal debido a que “toda empresa que tuvo algún tipo de acción política con Massa se desarma”.

La empresa en cuestión es el Grupo Pelco, que ya lleva más de 150 millones de dólares invertidos a nivel local y cuenta con más de 210 empleados entre planta y logística y se dedica a la gestión de residuos industriales, peligrosos y patogénicos. “No es algo que solo de con mi empresa. Está pasando con otros también”, sostiene Kalinec.

En 2012, el Grupo Pelco abrió una sucursal de recepción de aparatos eléctricos y electrónicos en Benavídez luego de firmar un convenio con el propio Massa, entonces jefe comunal, para hacerse de un predio que había sido abandonado por la empresa Senoplast.

“Es un lugar preparado para recibir aparatos eléctricos y electrónicos, una corriente de residuos peligrosos de generación universal: cargadores de celulares, impresoras, tostadoras, heladeras o un lavarropa. Todos tienen componentes reciclables y también peligrosos. Nuestra empresa desarma y clasifica”, explicó Kalinec.

Desde que se hizo cargo del predio, el Grupo Pelco reconstruyó el precio e hizo la obra que correspondía para dejar el lugar en condiciones. Tras su inauguración se hicieron acciones y campañas de recepción de material eléctrico en clubes de barrio para que la gente pudiera acercar este tipo de material sin la necesidad de llevarlo hasta Benavídez.

Kalinec sostiene que hay una “clara persecución política”. Y cuenta que "durante la cuarentena fuimos actividad esencial. Porque dentro de los residuos que manejamos están los patogénicos. El 19 de marzo de 2020, un día antes de que se cierre todo, vinieron a clausurarnos la planta porque decían que salía humo negro. Vinieron con drones y prensa del distrito. Hicieron un circo y les pedí que llamen al OPDS. No hicieron caso al pedido y no pudieron clausurarse. Pero está claro que tienen un tema político con nosotros".

Y cierra: “El municipio tiene una deuda con Pelco de 2015, cuando nos pidieron los servicios de limpieza de alcantarillas. A partir de que asumió un secretario de Servicio Público de Zamora no me pagaron nunca más. Nos deben 3 millones de pesos más IVA, que hoy debe ser el doble de esa plata. Pero es algo que va mucho más allá del dinero. Y tiene que ver con esto de que si quieren te pagan y si no quieren no. Así se manejan. Y así lo sufrimos las empresas de Tigre".