Bienes Personales

Este impuesto fue la principal obsesión del oficialismo desde diciembre de 2019, y constituye un gravamen sobre el patrimonio. En ese mismo año, Fernández aprobó una ley para aumentar la tasa mínima del impuesto del 0,25 al 0,75, y la tasa marginal máxima fue incrementada del 0,5 al 1,25.

A su vez, durante todo el 2020 el Gobierno congeló el mínimo no imponible en torno a los 2 millones de pesos, pero como la inflación ascendió al 36 por ciento en ese período, una gran cantidad de personas cayeron en la obligación de tributar simplemente por una cuestión de nominalidad, y no por un incremento real de su patrimonio. Esta maniobra fue un aumento tributario indirecto.

En los últimos días del 2021, el Gobierno finalmente se dignó a permitir un aumento del mínimo no imponible hasta los 6 millones de pesos, aunque no sin oponer resistencia. Sin embargo, y dada la bochornosa actualización de Juntos por el Cambio, el kirchnerismo logró volver a aumentar las alícuotas de Bienes Personales. La tasa máxima volvió a subir del 1,25 al 1,75, y los bienes declarados en el exterior con una tasa superior de hasta el 2,25.

Impuesto PAIS

Este tributo supone un recargo del 30 por ciento sobre la compra de divisas, afectando severamente no solo al ahorro de las personas que buscan defenderse de la inflación, sino también al pago efectuado con tarjetas de crédito en divisas, o simplemente la contratación de diversos servicios del exterior como lo son Netflix, Amazon o Spotify, entre muchos otros.

Estos últimos servicios digitales fueron gravados con una alícuota especial del 8 por ciento, debido al carácter fuertemente popular de los consumos damnificados. La compra de dólares para el atesoramiento mantiene un recargo del 30 y fue el principal objetivo del Gobierno al imponer el impuesto: no solamente un objetivo recaudatorio, sino también uno de índole cambiario.

Impuesto a la riqueza

Gravando prácticamente la misma base imponible que Bienes Personales, el Gobierno estableció un tributo con alícuotas progresivas del 2 al 3,5 por ciento sobre el patrimonio de los argentinos, mientras que los bienes declarados en el exterior fueron afectados con una tasa máxima del 5,25. Cabe destacar que se gravan los activos solamente, y no el patrimonio neto de una persona como suele hacerse en el mundo.

Percepción de Ganancias sobre la compra de divisas

La resolución general 4815 de la AFIP dispuso en 2020 la percepción de la alícuota más elevada del impuesto a las ganancias (35 porciento) sobre la compra de dólares en los mercados oficiales, añadiéndose al 30 que ya suponía el impuesto PAIS.

Esta medida fue abiertamente regresiva, pues aquellas personas que ya pagan ganancias tuvieron la posibilidad de deducir este recargo a la hora de tributar el impuesto anual, pero el resto de las personas quedaron excluidas de este recurso y sin poder recuperar nada.

Impuesto a las Ganancias para empresas

El Gobierno de Alberto Fernández desmanteló las tenues rebajas tributarias que habían sido planteadas en la reforma impositiva del 2017 para las empresas. En diciembre de 2019 el kirchnerismo dejó sin efecto la baja de la tasa sobre las utilidades reinvertidas al 25, dejando así la alícuota en el 30 por ciento como se mantenía desde 2018.

En 2021, el kirchnerismo avanzó incluso más y decidió establecer un sistema de alícuotas diferenciales en detrimento de un sistema horizontal de tasa única, por lo que se introdujo una fuerte distorsión adicional en la economía. La tasa máxima sobre las ganancias no distribuidas aumentó al 35 por ciento a partir de la ley 27.630, volviendo al valor de 2015.

Impuesto sobre los débitos y créditos

El kirchnerismo duplicó el impuesto sobre las transferencias bancarias, pasando del 0,6 al 1,2 por ciento. Este tributo es uno de los más distorsivos de la estructura impositiva argentina.

Como si esto no fuera suficiente, el kirchnerismo amplió la base imponible sobre la cuál opera el impuesto. Fueron incluidas algunas cuentas de pago que antes quedaban exentas, y en 2021 el Gobierno amplió la tributación para fondos vinculados con las operaciones de criptomonedas.

Retenciones

Desde diciembre de 2019 el kirchnerismo estableció drásticos aumentos sobre la exportación de soja y granos, que llegaron a consolidar una alícuota del 33. La tasa sobre estos productos bajó hasta el 30 por ciento en octubre de 2020, pero nuevamente volvió al 33 en enero de 2021. También fueron eliminados todos los topes en pesos sobre la aplicación de retenciones, una medida que había sido instrumentada en la gestión anterior.

Impuestos Internos y primas sobre seguros

El Gobierno decretó el aumento tributario sobre los productos electrónicos, siendo que el impuesto interno pasó del 10,5 al 17 cuando no fueran fabricados en Tierra del Fuego, y del 0 al 6,55 cuando son de origen nacional. Esta medida excluyó a miles de personas de poder acceder a la tecnología.

Se creó un nuevo impuesto interno, esta vez sobre las apuestas online con una tasa progresiva del 2 al 5 sobre el valor neto que se deposite en la cuenta de cada apostador. Para personas radicadas en el exterior, las tasas aumentan hasta el 10 e incluso el 15 dependiendo de dónde esté radicado.

Se dispuso la creación de una contribución obligatoria del 0,5 sobre las primas de seguro automotor. Esto afecta a todos los vehículos asociados con servicios de transporte de pasajeros.

También se creó otro impuesto interno, esta vez para todos los seguros excepto los vinculados a la vida, con una tasa del 3 por mil sobre el valor de los mismos. Este impuesto se determinó como “Contribución sobre las primas de seguros para el manejo del fuego”, creando también el propio Fondo Nacional del Manejo del Fuego que se hizo cargo de los recursos adquiridos.

En la misma dirección, actualmente el Gobierno trabaja en crear otro impuesto más sobre los seguros vehiculares, esta vez creando un fondo forestal. Esta iniciativa se conoce como el “seguro verde” y su alícuota sería establecida en el 0,5 de las primas afectadas.

Impuesto al valor agregado (IVA)

El Gobierno eliminó completamente todas las exenciones dispuestas en 2019 por el ex presidente Mauricio Macri sobre los productos de primera necesidad. El IVA del 10,5 al 21 por ciento volvió a aplicarse sobre los consumos de la canasta básica.

Esto significa que productos como la leche y diversos lácteos, las verduras, las carnes, los huevos, una amplia gama de cereales, las grasas de aceite vegetal o animal y los azúcares, todos fueron nuevamente gravados debido a la disposición de Alberto Fernández.