La idea de este era para "solicitar al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia una asistencia financiera en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, creado por el Decreto 264/20, por la suma de 10 millones de pesos", según reza en su primer artículo.

Resulta curioso por la autojustificación del Ejecutivo local para emitir un decreto sobre la temática. Entre los considerandos especifica que "la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, por lo que deviene imposible seguirlos trámites ordinarios para la sanción de Ordenanzas emanadas del Departamento Deliberativo".

La realidad indica que esto es una falacia puesto que el 7 de abril ya se había reunido de manera remota el COES, aquel Concejo con el que el Ejecutivo local buscó "puentear" al Concejo Deliberante, accionar del que la oposición fue cómplice y del que aún no rindió cuentas ni pidió las disculpas correspondientes.

Asimismo, donde hubo múltiples violaciones a la legislación vigente sin que se hayansancionado como correspondía. Además, el oficialismo cuenta con mayoría propia en el Concejo Deliberante, y de hecho la "oposición" aprobó en el año 2020 pasado cuanto proyecto sobre Covid-19 le proponían, con lo cual el argumento esgrimido es falso.

Lo que el Ejecutivo no quería era que funcionara el Concejo Deliberante porque en tal caso debiera haber expuesto públicamente el texto de este decreto. ¿Y por qué era importante mantenerlo oculto? Porque ciertas realidades que expone el intendente Cáffaro no tienen asidero en la realidad.

Decía el intendente aquel pasado 27 de abril de 2020 que "la crisis sanitaria, económica y social impacta sobre el normal funcionamiento de la administración municipal, que se ve en la necesidad de atender mayores demandas de gastos en un contexto de caída de la recaudaciónde tributos".

En el plano económico, esta crisis impacta en la situación financiera del Municipio, reduciéndose la recaudación de los tributos municipales como consecuencia de las actuales circunstancias que repercuten en la economía de los vecinos. Del mismo modo, este derrumbe en la recaudación entorpece la situación financiera municipal en un escenario de mayor demanda de gastos en pos de paliar y atender la emergencia mencionada.

Por otra parte, en consecuencia, resulta indispensable tomar medidas para sostener las finanzas municipales, a través de la utilización de herramientas específicas que posibiliten a las comunas atender su normal funcionamiento y, a la vez, cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia de Covid-19.

Para ser claros, el jefe de la Comuna pedía plata prestada porque decía que el "derrumbe en la recaudación" le impedía pagar los sueldos de los empleados municipales.

Nunca asumió públicamente que al Municipio no le alcanzaba el dinero para pagar sueldos. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué le ocultó y le oculta a la población la realidad financiera del municipio?

¿Por qué 3 días antes decidió otorgar un subsidio por el 9,19 por ciento del dinero solicitado al Gobierno provincial para el pago de sueldos de un equipo profesional de básquet que no jugaba? ¿Por qué salió en rescate del Club Unión de la Ciudad de Zárate Asociación Civil comprometiendo el pago de los sueldos de los empleados municipales?

¿Por qué regodearse con un capricho en lugar de cumplir con un deber? ¿O acaso es falso el argumento esgrimido en el decreto firmado por Cáffaro?

25 días antes de pedir la "escupidera económica" a la Provincia, el intendente Cáffaro dispuso "el otorgamiento de un aporte financiero, en carácter de subsidio no reintegrable, para financiar gastos de capital y con cargo a rendición de cuentas a la empresa Sociedad Costanera Zárate SAPEM, por la suma de 8.037.625,00 pesos".

Tras otros 25 días más, dispuso "el otorgamiento de un aporte financiero, en carácter desubsidio no reintegrable, para financiar gastos de capital y con cargo a rendición de cuentas a la empresa Sociedad Costanera Zárate SAPEM, por la suma de 4 millones de pesos".

Es decir, le piden a la Provincia 10 millones para poder pagar los sueldos a los empleados municipales y, en paralelo, disponen un subsidio de 12.037.625 pesos a la empresa Sociedad Costanera Zárate SAPEM.

¿Cómo es la historia entonces? ¿Era real lo que afirmaba Cáffaro en el Decreto 281 del año 2020? Si es cierto lo expuesto, el accionar del Gobierno local es irracional y expone claramente que los intereses de los vecinos no son los de sus gobernantes. Y si no es cierto, expone claramente que el Municipio de Zárate le mintió al Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es la realidad? Tienen la palabra la contadora Patricia Fernández, titular de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, y el Maestro Mayor de Obras Osvaldo Cáffaro, titular del Departamento Ejecutivo Municipal.