Era cuestión de días. La ocupación de camas de terapia intensiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona más crítica conformada por la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios del conurbano bonaerense, no para de crecer.
La noticia más resonante del entorno político durante los últimos días ha sido el diagnóstico positivo de COVID-19 del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y luego el de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, porque impactó de lleno en la dirigencia, que tuvo que modificar su agenda a los efectos de detectar posibles nuevos contagios.
El pasado jueves la intervención oficial se hizo cargo de Vicentin, que el 5 de diciembre de 2019 se declaró en “estrés financiero” por una deuda de 1.350 millones de dólares, que incluye a acreedores financieros y a productores, corredores y acopiadores a quienes no se les había pagado por los granos que entregaron a la cerealera. En sus épocas de gloria, la empresa fue una de las más importantes del país, facturando 4.300 millones de dólares al Estado.
La grieta ideológica argentina de los últimos años, que parecía cicatrizar de a poco a través de la integración de fuerzas que viene ensayando el nuevo Gobierno, volvió a tomar protagonismo con el descubrimiento de los escandalosos actos de espionaje contra periodistas, dirigentes y figuras clave de la escena política llevados a cabo por el macrismo.
“No somos esclavos”, “La libertad no se negocia”, “Se va a acabar la dictadura de los K”, “Soros o Perón” y “Basta con la violación de derechos” fueron solo algunas de las consignas que alzaron los inefables militantes anticuarentena, horda de macristas, libertarios y teóricos de las más diversas conspiraciones que se congregaron este sábado en distintos puntos del país para exigir el fin del aislamiento obligatorio.
