Luego de cumplirse un mes de gestión del nuevo gobierno de Alberto Fernández, surgió la iniciativa de los ex funcionarios y dirigentes sociales que se encuentran privados de su libertad, por querer recuperar su vida normal, tal como lo hacían hace 4 años.
Quizás la medida más importante para los argentinos aún no ha llegado y se espera mucho más del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien se llevó un gran porcentaje de votos en las elecciones.
Desde diciembre pasado, el nuevo gobierno está decidido a reestructurar la distribución de ingresos y, tanto a nivel nacional como provincial, lanzaron distintas medidas que apuntan a que quienes más tienen sean los que aporten más. Casi sobre el cierre del año, en el Congreso se logró aprobar un gran paquete de emergencias que le brinda distintas facultades al Ejecutivo.
El 2019 fue un año crudo en lo que respecta a la política, con muchas decisiones que trajeron angustia a un sector de la población. Hasta se podría decir que, de los cuatro años que duró la gestión de Cambiemos, esta última etapa fue la más dura y la más perjudicial para muchos de los argentinos que incluso habían confiado en ese espacio en el 2015.
Los primeros días de la nueva gestión estuvieron marcados por una catarata de medidas totalmente contrarias a las del gobierno anterior. Intentando generar un shock de consumo, entre proyectos, leyes y decretos, Alberto Fernández dio las primeras señales de lo que podrían ser los próximos cuatros años en la política argentina.
Todavía no lleva una semana en la Casa Rosada, y el flamante presidente ya tuvo el primer foco de conflicto en su gestión tras anunciar algunas medidas económicas. Fue el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, el encargado de comunicar que habrá una actualización respecto a las retenciones a las importaciones del campo, sobre todo en la soja.