La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) detectó durante operativos realizados en Pinamar y Cariló en la primera quincena de enero, más de 100 casas y edificios de lujo, que figuraban como baldíos, lo que representa una evasión impositiva de más de 30 millones de pesos, en el distrito gobernado desde 2015 por el cuestionado intendente del PRO, Martín Yeza.
Tras las idas y vueltas por el reparto de poder en las comisiones internas, el Concejo Deliberante retomó las reuniones luego de 43 días sin actividad. Se conformaron las comisiones de Hacienda, Legislación, Obras, Deportes, Educación y Salud donde se oficializaron las presidencias y vicepresidencias, además de definir días y horarios de cada una de ellas.
En diálogo con un periodista de la ciudad, NOVA se informó y constató de la situación actual que atraviesa la gestión de Hernán Bertellys en Azul, en la provincia de Buenos Aires, en donde se contrató a funcionarios foráneos y, principalmente a amigos, familiares y vecinos para que integren las nóminas municipales.
Luego del pedido de la subcomisión de Inteligencia parlamentaria bicameral de que el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, asistiera al Congreso, éste decidió no hacerlo y pidió responder por escrito las preguntas sobre la supuesta mesa judicial bonaerense durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. De esta manera, se lo volvió a convocar para el 27 de enero próximo.
Vecinas y vecinos de la localidad de El Pato, en Berazategui, realizaron este lunes por la mañana un corte parcial sobre la ruta provincial n°36, en reclamo contra dos basurales ilegales generados días atrás por el municipio de Berazategui comandado por Patricio Mussi, con camiones inhabilitados y miembros del movimiento Evita, en un intento por quebrar la huelga de los recolectores que reclamaban por los despidos que recibieron vísperas de año nuevo.
La arquitecta Soledad del Cueto impulsa una agrupación kirchnerista dentro del Colegio de Arquitectos con el respaldo de Florencia Saintout, la camporista que, además de manejar no oficialmente la cuestionada facultad de Periodismo de la UNLP, administra el Instituto de Cultura del Gobierno provincial.
