Luego de que finalizara el juicio en San Nicolás días atrás con condenas de 14 años para cuatro acusados y a tres años para dos, por la muerte de un oficial de policía en mayo de 2018, desde la defensa de dos de los imputados denunciaron graves irregularidades en la investigación y le apuntaron a los fiscales.
Como se advirtió hace años, la expropiación ilegal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012 no solamente deterioró el funcionamiento del sistema energético nacional, sino que funcionó como una virtual nacionalización de deudas que mantenía la firma, y significó una catarata de denuncias contra la venta forzosa e ilegal.