Hugo Tomei, abogado de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, pidió este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores que sus defendidos sean condenados por el delito de “homicidio en riña”, que prevé una pena máxima de seis años de prisión, o que, en su defecto, se los declare culpables por “homicidio simple con dolo eventual” y “se distribuyan las participaciones que el tribunal entienda” de cada uno, o por el delito de “homicidio preterintencional”.
La etapa de alegatos que se desarrollará desde mañana y hasta el jueves en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, ofrecerá a su vez la última chance de expresarse para los ocho imputados antes de que los tres miembros del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores determinen si son o no culpables, y brindará además la posibilidad de hablar a los padres de la víctima una vez más antes de la sentencia.
José Emiliano Leguizamón Benítez está detenido en la Alcaidía desde el 30 de noviembre del 2021, día en el que intentó raptar a bordo de su camioneta Toyota último modelo a una niña de 13 años en inmediaciones al Hogar Escuela. Fue detenido en cercanías al Convento San Bernardo luego de darse a la fuga y ser perseguido por un joven amigo de la familia de la menor.
Tras las escandalosas notas de NOVA, las mismas que repercutieron en el municipio del Valle de Siancas, finalmente la justicia actuó a favor de la joven madre que fue desalojada de la vivienda Salvatierra días atrás luego de revelar que su esposo, el alcalde de la ciudad, gastaba dinero público en favores sexuales. No solamente eso, sino que denuncias radicadas por violencia hicieron que el jefe comunal no pudiera acercarse a su pareja, y desde el Concejo Deliberante encendieron las alarmas.
Elisa “Lilita” Carrió y la Coalición Cívica presentarán ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, un informe en el que denunciarán “los reiterados quiebres del Estado de derecho y los embates contra las instituciones de la República cometidos en la Argentina por la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández”, según indicaron en un comunicado.
El acoso sexual denunciado se dio en varias oportunidades cuando la joven se desempeñaba en la Asociación de Prestadores de la Salud, APS (según la denunciante) y más allá de las situaciones puntuales de cada una de ellas, los hechos forman parte del manual del acosador quien valiéndose de ser un superior jerárquico, jefe o empresario, condiciona a la víctima a situaciones de abuso sexual, acompañadas de posteriores repercusiones negativas o positivas, si esta cede o no ante los chantajes explícitos del jefe.
