Este 29 de diciembre se cumple el quinto aniversario de la tragedia de Gualeguaychú.
Una dirigente que nos tiene acostumbrados a armar la “gorda” judicial: Elisa Carrió y la Coalición Cívica ampliaron la denuncia contra el presidente Alberto Fernández para que también se investigue al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, por “hechos de extrema gravedad institucional” tendientes a “desobedecer e incumplir” el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la coparticipación.
La Asociación de clínicas, sanatorios y hospitales privados (Aclisa) sostiene que el decreto es inconstitucional y solicitó una medida cautelar; es la primera demanda judicial contra la decisión del Gobierno nacional.
Encarnizado como perro que mordió un hueso y no está dispuesto a soltarlo sin dar pelea, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, se volvió a presentar este jueves 29 de diciembre en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para denunciar que el Ejecutivo nacional continúa incumpliendo el fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este miércoles todos los pedidos que le formuló la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en relación con la presunta vinculación de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal con el intento de magnicidio en su contra.
La justicia nacional sobreseyó a autoridades del Ministerio de Seguridad de CABA y altos mandos de la Policía de la Ciudad y procesó a tres choferes de motos y tres escopeteros de esa fuerza por la represión ocurrida en 2018 durante los festejos de la hinchada de River tras la obtención de la Copa Libertadores en Madrid, España, informaron desde la defensa de los imputados.
Los legítimos usuarios nuevamente están siendo perseguidos, hace unos años por la directora del Anmac Natalia Gambaro quien ante la denuncia del político Adrián Bastianes tuvo que renunciar y luego fue imputada y procesada.
Luego que Alberto Fernández, que demostró tener menos palabra que un telegrama, tras haber reunido a los gobernadores y firmar una carta conjunta asegurando que no acataría el fallo y que recusaría a los jueces; diera marcha atrás y admita que va a devolver el dinero al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; son los mandatarios provinciales los que siguen empujando el colectivo del reclamo, que según ellos, es en “salvaguarda” del federalismo.
Luego de las presentaciones de los gobiernos porteño y nacional sobre la cautelar que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación, la Corte Suprema de Justicia tiene previsto postergar definiciones para febrero, después de la feria judicial. Así lo indicaron fuentes judiciales vinculadas a los ministros del máximo tribunal.
Con el país encendido fuego por la terrible crisis que ha generado el Gobierno del Frente de Todos, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no para de realizar pataletas y berrinches luego de haber sido condenada por corrupción en la causa “Vialidad”. Con la ampulosidad y grandilocuencia que la caracteriza, CFK volvió a rebuscar en el armario de las consignas trilladas y sacó a relucir el caballito de batalla del atentado fallido para victimizarse.
El abogado penalista Fernando Burlando se refirió al constante debate en torno a la puja entre los poderes Judicial y Ejecutivo y en ese sentido evaluó que “la justicia se ha ganado las críticas que se le hacen porque hay una dependencia política” lo cual “es alarmante y bochornoso”.
El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, fue citado a declarar en febrero luego de que dos fiscales lo imputaran por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según consigna el portal Visión Política. Su padre, ex intendente de la localidad y funcionario de María Eugenia Vidal, y su hermano, también ligado a la política como diputado provincial, están en la mira de la Justicia.
Freddy Storani, ex ministro del Interior de la Nación, no le esquivó al bulto al referirse a la medida cautelar que tomó la Corte Suprema de Justicia, una vez más, en beneficio del gobierno de CABA. Para el histórico referente radical, la medida judicial no está supeditada a una cuestión electoral, y enfatizó que “el fallo de la Corte Suprema sí o sí hay que respetarlo porque (lo dictaminó el) máximo tribunal argentino”.
Una mujer de 35 años que sufrió un intento de femicidio en junio del año pasado quedó en estado de vulnerabilidad y debió ponerse a resguardo luego de que el 22 de diciembre último un juez de San Isidro absolvió al atacante, un militar, y dispuso su inmediata libertad.
