De acuerdo con la acusación, Castro disparó contra Julio Sosa-Celis, un ciudadano venezolano, a través de la puerta principal de una vivienda. La bala impactó en una de sus piernas y terminó alojándose en la pared de la habitación de un niño, según indicaron los fiscales.

Inicialmente, las autoridades federales sostuvieron que Sosa-Celis y su primo, Alfredo A. Aljorna, habían agredido a un agente, lo que habría provocado una reacción en defensa propia. Ambos venezolanos fueron imputados por cargos federales. Sin embargo, el Departamento de Justicia retiró posteriormente esas acusaciones y la investigación determinó que agentes de ICE habían realizado declaraciones falsas bajo juramento sobre lo ocurrido.

Como consecuencia, dos agentes fueron puestos en licencia administrativa por el organismo migratorio.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, celebró el arresto y remarcó que ningún funcionario está por encima de la ley.

“En Minnesota creemos en la justicia equitativa ante la ley. Esto significa que nadie está por encima de la ley, incluidos los agentes del Gobierno federal”, señaló en un comunicado.

Ellison sostuvo además que el disparo contra Sosa-Celis parece haber sido injustificado y afirmó que Castro habría mentido a sus superiores para encubrir su conducta.

El caso se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre el accionar de las fuerzas federales durante los operativos migratorios realizados a comienzos de año en Minnesota. Durante la misma operación, otras dos personas murieron en incidentes con agentes federales: Renée Good, una madre de tres hijos de 33 años, y Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años.

En ambos episodios, las versiones oficiales difundidas inicialmente fueron puestas en duda a medida que surgieron grabaciones de video y testimonios de testigos presenciales, lo que incrementó el escrutinio público sobre las actuaciones de las fuerzas federales en la región.