El eje de la crítica apunta a que la nueva normativa legitima socialmente estos productos y favorece su expansión, especialmente entre adolescentes. Según datos de SEDRONAR 2025, el 29 por ciento de los estudiantes secundarios ya utilizó vapeadores en el último año, una cifra que duplica el consumo de cigarrillos tradicionales en ese grupo etario.

Además, remarcaron que la industria invirtió miles de millones en estos dispositivos como parte de una estrategia comercial, lo que pone en duda el argumento oficial de “reducción de daños”. En ese sentido, sostienen que el vapeo no reemplaza al tabaco sino que funciona como puerta de entrada a la adicción.

El nuevo esquema también genera dudas sobre su aplicación efectiva. La resolución exige controles estrictos, inspecciones y monitoreo constante de los productos, pero desde el Observatorio advierten que el propio ajuste impulsado por Milei debilitó la capacidad del Estado para fiscalizar, con menos personal y recursos.

A esto se suma una contradicción de fondo: mientras el discurso oficial promueve la desregulación y la “libertad individual”, la norma intenta establecer límites que, según especialistas, difícilmente se cumplan en un contexto de menor presencia estatal.

Finalmente, el informe advierte que Argentina rompe con más de una década de políticas restrictivas y se encamina hacia un modelo que, lejos de prevenir, administra el consumo de nicotina. “La salud pública queda subordinada a la lógica de mercado”, concluyeron desde el organismo.