No se trató de un operativo menor: la Justicia buscó y secuestró dispositivos electrónicos y documentación sensible, con resultados que abren nuevas líneas de investigación.

Lo más delicado es que, en ese contexto, reapareció un nombre clave: María Pía Novelli, vinculada a la causa $LIBRA, la criptomoneda que el propio Javier Milei promovió en redes sociales y que luego quedó bajo sospecha de estafa.

Facturas, correos electrónicos y anotaciones manuscritas encontradas en un allanamiento a Varianza S.A. —empresa de la que Espert es accionista— refuerzan la hipótesis de cruces entre el diputado libertario y personas señaladas por la Justicia como presuntos engranajes en maniobras de ocultamiento de activos.

Según consta en dictámenes fiscales, existen referencias explícitas a facturación a nombre de Novelli por montos de 30.000 y 60.000 pesos correspondientes a los años 2021 y 2022. Para los investigadores, no se trata de un dato aislado sino de un elemento que conecta dos causas sensibles: la que analiza los vínculos de Espert con Fred Machado —acusado en Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa— y el expediente que indaga el entramado detrás de $LIBRA.

La causa de San Isidro ya derivó en una medida contundente: una prohibición patrimonial que impide a Espert transferir o disponer de sus bienes. La decisión judicial se basó, entre otras irregularidades, en la presunta omisión de declarar 200 mil dólares que el economista habría cobrado de Machado.

De acuerdo con el dictamen fiscal, ese dinero ingresó a sus cuentas en febrero de 2020 y no figura en la declaración jurada correspondiente, pese a que un mes después se habría utilizado para la adquisición de un vehículo de alta gama.

El expediente también expone otro dato incómodo para el relato libertario: el contrato firmado entre Espert y “Minas del Pueblo”, una sociedad guatemalteca vinculada a Machado, por un total de un millón de dólares. Todo esto mientras el entonces diputado se amparaba en sus fueros, lo que —según reconocen fuentes judiciales— dificultó y demoró la recolección de pruebas clave.

Más allá de la responsabilidad penal que deberá determinar la Justicia, el caso deja al desnudo un problema político de fondo. Espert no es un outsider marginal: es una figura central del ecosistema mileísta, un dirigente que hizo de la denuncia moral contra “la casta” su principal capital simbólico. Que hoy esté rodeado de acusaciones por lavado, vínculos con personajes investigados por narcotráfico y conexiones con una criptoestafa promovida por el propio Presidente no es un daño colateral: es un golpe directo a la credibilidad del Gobierno liber-otario.

El silencio oficial frente a estos hechos no hace más que profundizar las sospechas. Mientras el Ejecutivo exige ajustes, sacrificios y una supuesta ética de hierro para la sociedad, mira para otro lado cuando las investigaciones judiciales rozan a sus propios referentes. La “motosierra” parece implacable con los de abajo, pero curiosamente se detiene cuando apunta hacia el corazón del poder libertario.