El kirchnerismo no tardó en denunciar una supuesta “operación” judicial y mediática, apelando una vez más al discurso del lawfare, una carta gastada que reaparece cada vez que la Justicia deja de ser funcional a sus intereses.

El encargado de encender la mecha fue el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, uno de los hombres de mayor confianza de Cristina Kirchner, quien lanzó duras críticas contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti y cuestionó el trabajo técnico de la Gendarmería. Según Mena, el informe carece de rigor científico y desvía el foco del atentado, aunque sus declaraciones parecen más orientadas a sostener el relato político que a esclarecer los hechos.

El funcionario sostuvo que la supuesta “actividad” del celular no prueba la presencia física del acusado en el Abasto, ya que se trataría de un correo automático del wifi público del shopping, que podría haberse recibido con demora.

También denunció un error en el uso del huso horario, que habría corrido artificialmente el horario del evento. Sin embargo, lejos de aportar certezas, el cruce de explicaciones técnicas expone una investigación plagada de desprolijidades que nadie termina de aclarar del todo.

Mientras el kirchnerismo aprovecha cada inconsistencia para presentarse como víctima de una conspiración judicial, el Poder Judicial vuelve a quedar en el centro de las críticas por su falta de transparencia, errores técnicos y una investigación que avanza a los tumbos. El episodio refuerza la percepción de una Justicia incapaz de ofrecer respuestas claras en un caso de extrema gravedad institucional.

Las críticas más duras de Mena apuntaron contra la jueza Capuchetti, a quien acusó de encubrir irregularidades y de no concentrarse en un hecho clave: la destrucción del celular del atacante mientras estaba bajo custodia judicial. El señalamiento no solo desnuda la fragilidad de la causa, sino que vuelve a poner en evidencia un problema estructural: un sistema judicial que, por acción u omisión, termina alimentando la desconfianza social.

Así, entre un kirchnerismo que recurre al victimismo para sobrevivir políticamente y un Poder Judicial que sigue acumulando errores y sospechas, la investigación del atentado queda atrapada en un pantano de relatos cruzados. El resultado es previsible: menos verdad, más ruido y una nueva oportunidad perdida para recuperar la credibilidad institucional que ambos actores parecen haber dilapidado hace tiempo.