La carta también fue dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y a los presidentes de los bloques parlamentarios José Mayans (Justicialista), Eduardo Alejandro Vischi (UCR) y Enrique Martín Goerling Lara (PRO).

Fundamentos legales que FOPEA expone contra la derogación

FOPEA sustentó su rechazo en el denominado Principio de Progresividad, que impide la adopción de medidas regresivas en materia de derechos laborales y libertad de expresión.

En ese marco, recordó el antecedente judicial conocido como “Milone”, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación consolidó el criterio de no regresión de derechos fundamentales.

También mencionó la causa “Monzón”, donde el máximo tribunal sostuvo que la normativa debía garantizar el acceso de los periodistas a documentación judicial, subrayando la relevancia del Estatuto para el trabajo informativo.

Otro punto destacado fue la causa “Roca”, en la que la Corte avaló la constitucionalidad de la indemnización agravada prevista para periodistas, un mecanismo pensado para proteger la estabilidad laboral y, por ende, la independencia profesional.

Qué advierte FOPEA que ocurriría si se deroga la ley

Según el documento, la eliminación del Estatuto podría generar consecuencias inmediatas:

• Pérdida de derechos adquiridos y de la definición profesional de la actividad periodística en Argentina.
• Mayor fragmentación en las condiciones legales entre trabajadores de prensa.
• Debilitamiento en la protección de fuentes y aumento de la autocensura.
• Deterioro en la calidad informativa en un contexto de creciente desinformación.
• Restricciones indirectas a la libre circulación y tránsito, considerados esenciales para la labor periodística.

FOPEA aclaró que reconoce que la ley posee aspectos que requieren actualización, especialmente frente a las nuevas tecnologías y dinámicas digitales. Sin embargo, sostuvo que la salida no es su eliminación, sino una reforma que la modernice sin desmantelar las garantías vigentes.

En ese sentido, la organización instó a los legisladores a evitar decisiones apresuradas y a abrir un debate amplio, federal y técnico que permita actualizar la Ley 12.908 sin dejar desprotegido al periodismo argentino.