La postura oficial fue cuestionada por la Asociación de la Prensa Extranjera en Jerusalén (FPA), que representa a cientos de medios internacionales y que desde 2024 reclama ante la Justicia israelí un acceso libre e inmediato a Gaza. Según la entidad, la política del gobierno impide que los periodistas cumplan con su labor y lesiona de manera directa el derecho del público a recibir información independiente y verificada.

Desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza en octubre de 2023, ningún periodista ha podido ingresar a la Franja sin la tutela del Ejército israelí, y solo a sectores previamente autorizados y sin presencia civil. Esta situación ha generado un cerrojo informativo sin precedentes, en el que la cobertura de lo que ocurre en el territorio palestino depende casi exclusivamente de periodistas locales, muchos de los cuales han sido blanco de ataques. Solo en 2025, al menos 29 comunicadores murieron mientras ejercían su trabajo, según datos citados en el texto.

El propio Tribunal Supremo israelí había reconocido anteriormente que el veto podía ser revisado si cambiaban las condiciones en el terreno. Sin embargo, el gobierno se aferra a argumentos de seguridad para sostener una política que, en los hechos, limita el control público sobre la actuación militar y reduce la transparencia de un conflicto de enorme impacto humanitario.

Organizaciones de prensa y defensores de derechos humanos advierten que la prohibición sistemática del acceso periodístico constituye una forma de censura, incompatible con los estándares democráticos y con el respeto a la libertad de expresión. En este marco, el mantenimiento del veto a Gaza no solo silencia a los periodistas, sino que priva a la comunidad internacional de información independiente, en uno de los conflictos más sensibles y observados del mundo.