María Soledad Morales, la muerte que rompió el pacto de silencio en Catamarca
Por Gustavo Zandonadi, especial para NOVA
El 10 de septiembre de 1990, la aparición de un cuerpo sin vida alteró la calma en San Fernando del Valle de Catamarca. Apareció en un descampado con claras muestras de haber sido violentado. No tardó en convertirse en el símbolo de una provincia que empezaba a dejar atrás el miedo y se enfrentaba al poder y la impunidad. La víctima resultó llamarse María Soledad Morales. Tenía 17 años y no murió sola: la mataron entre muchos, y no todos fueron juzgados.
La historia se tejió con los hilos más oscuros del poder provincial. El apellido Morales no era el que pesaba, pero sí lo hacían los apellidos de los hijos del poder, que frecuentaban fiestas privadas y que sabían que para ellos, la ley no existía. El crimen de María Soledad fue un femicidio cuando todavía no existía esa palabra. Fue de lo más oscuro y cruel de un feudo controlado por la familia Saadi con mano dura.
Su madre, Ada Rizzardo, se convirtió en una figura incómoda, por sus palabras y por su persistencia. En un país acostumbrado a la resignación, ella eligió denunciar. Y no estaba sola. La acompaño toda la provincia con las Marchas del Silencio. Mujeres vestidas de blanco, caminaban por las calles de Catamarca para moverle el piso al pacto de corrupción que sostenía a los feudos. Pedían justicia, y eso, en los noventa, era más peligroso que cualquier consigna partidaria.
El caso sacudió a la política nacional. El entonces gobernador Ramón Saadi fue desplazado, pero no por el crimen, sino por el escándalo. La democracia, que se jactaba de haber dejado atrás los años del terror, mostraba que la impunidad no siempre necesita uniforme: a veces basta con un apellido y una copa de champagne. La intervención federal fue una respuesta institucional, pero la herida social quedó abierta.
María Soledad murió cuatro días antes de cumplir 18 años. No fue la primera ni la última, pero logró que el país ponga la vista en Catamarca. No por morbo, sino por vergüenza, porque en su cuerpo se inscribieron las marcas de una cultura que naturalizaba el abuso y la violencia cuando el agresor tiene contactos. Su muerte fue una interpelación a la prensa cobarde, a la Justicia, a la escuela, a la política y a la sociedad catamarqueña del momento.
La noche del viernes 7 de septiembre de 1990 fue la última que María Soledad estuvo con vida. Sij saber que su final estaba cerca, asistió a la disco Le Feu Rouge, con la finalidad de participar de una fiesta organizada para recaudar fondos para el viaje de egresados de quinto año del Colegio del Carmen y San José, del cual la joven era alumna. La adolescente tenía permiso de sus padres para quedarse a dormir en la casa de una amiga, pero ella nunca llegó a la vivienda.
Pasada la media noche, Luis Tula -un hombre mayor que ella y señalado como su novio- la pasó a buscar por el lugar con intenciones de llevarla a la disco Clivus. Allí estaban esperando un grupo de jóvenes hijos de dirigentes políticos y funcionarios policiales. Entre ellos estaba Guillermo Luque. María Soledad salió, de acuerdo con el testimonio de los empleados del boliche, en una situación en la que no podía decirse que estuviera en condiciones de elegir si quería irse o no. Se fue rodeada de hombres.
Su cuerpo fue encontrado el lunes 10 de septiembre en Parque Daza, por operarios de Vialidad Nacional. Tenía claros signos de haber sido violada y más tarde las pericias determinaron que la causa de muerte fue una sobredosis de cocaína, que le habían obligado a ingerir sus asesinos. Estaba completamente desfigurada, producto de los golpes que recibió y las lesiones propias del acceso carnal forzado.
Los ojos de la opinión pública se posaron sobre Guillermo Luque -hijo del diputado nacional Ángel Luque- Pablo y Diego Jalil, y Miguel Ángel Ferreyra, hijo del jefe de Policía. A modo de defensa de su hijo, el diputado Luque dijo que estaba seguro que descendiente no estuvo involucrado en el hecho porque de haberlo estado, el cuerpo no hubiera aparecido. La frase fue la gota que colmó el vaso y abrió la puerta para la intervención a la provincia, ordenada por el presidente Carlos Menem.
El presidente envió a suelo catamarqueño al comisario bonaerense Luis Abelardo Patti, en aquel entonces con casi veinte años de carrera policial, para dirigir la investigación. La causa terminó en condena solamente para Luis Tula-9 años- y Guillermo Luque -21 años- sin que la Justicia creyera necesario hacer responsable a nadie más. Los reos ya cumplieron su pena y quizás se olvidaron del caso, pero eso es lo de menos porque una familia quedó destrozada para siempre.








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