El malestar social se expresó con fuerza en la huelga general del 18 de septiembre, que movilizó a más de un millón de personas en todo el país.

La intersindical y el movimiento Bloqueemos Todo exigen la suspensión de los recortes, el fin del aumento de los costos médicos para los pacientes y la derogación de la reforma previsional que elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años en 2023.

El primer ministro Sébastien Lecornu, recién llegado al cargo, recibió un ultimátum de los sindicatos: si no hay respuesta para el 24 de septiembre, se organizarán nuevas jornadas de protesta. Lecornu insiste en reunirse ese mismo día, pero el frente sindical lo interpreta como una maniobra dilatoria.

El debate sobre justicia fiscal también volvió al centro de la escena, impulsado por la propuesta del economista Gabriel Zucman de aplicar un impuesto del 2 por ciento a los patrimonios de más de 100 millones de euros.

La medida es respaldada por el 86 por ciento de la población, pero rechazada por el gobierno y por figuras como Bernard Arnault, el hombre más rico de Francia, que advierte sobre un supuesto “desastre económico”.

En este clima de alta tensión, el macronismo intenta seguir adelante con su agenda de ajuste pese a haber perdido el apoyo de gran parte de la ciudadanía y del parlamento. Con elecciones municipales en el horizonte y la Asamblea Nacional sin mayorías claras, la posibilidad de una nueva crisis institucional está cada vez más latente.