Es lo que ocurre con la denominada causa “cuadernos”, que investiga un entramado de pagos de empresarios a funcionarios del kirchnerismo durante el mandato de Cristina Fernández.

La Justicia, lenta y torpe como de costumbre, no logra recaudar pruebas fehacientes que vinculen de forma conclusiva a la “Cretina” con el entramado, que sí salpicaría a funcionarios de menor jerarquía. Ya en su momento el difunto juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli fueron acusados de arrancar confesiones a “arrepentidos” de formas poco éticas, lo que demuestra el nivel de incapacidad que se maneja en los tribunales.

Ahora, la cuestión podría ir más allá, dado que los “empresaurios” implicados solicitaron la extinción de las causas a cambio de pagar. Se trata de un grupo de aproximadamente 50 “piratas con corbata”, entre los que figuran nombres de peso como Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Enrique Pescarmona y Ado Roggio.

Como si quedaban dudas de que la justicia no es igual para el pobre que para el rico, la propuesta del grupo de chorros de guante blanco es abrir las billeteras y desembolsar montos que van desde los 150 mil hasta más de un millón de dólares, lo que corresponde a los valores que se les embargó en su momento.

El argumento para la maniobra es invocar el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, según el cual “la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio” cuando la parte juzgada está dispuesta a “compensar” el daño causado.

Para acogerse a dicha normativa, los implicados esgrimen una sarta de razones de dudosa credibilidad: algunos afirman ser inocentes, pero no tienen ni tiempo ni edad para lidiar con una causa, y prefieren solucionarlo con plata; otros, dicen que aportaron dinero para campañas electorales, pero que fueron presionados; y hasta hay quienes alegan que fueron víctimas de aprietes y extorciones.

En tanto, la chorra condenada Cristina Fernández sigue haciéndole pito catalán a la Justicia. No la han podido agarrar con las manos en la masa, pero se intuye que utilizó a su secretario privado ya fallecido, Daniel Muñoz, como testaferro, ya que es él quien tiene conexión con los pagos ilícitos de los “empresaurios” y se le han encontrado cuentas en paraísos fiscales y bienes en el exterior.

Queda sobre la mesa además la dudosa validez de los cuadernos presentados como prueba por el chofer Oscar Centeno. Los manuscritos, que fueron primero entregados en versión fotocopia, presentaban irregularidades y tachaduras, según las pericias grafísticas. El hecho de que los originales que supuestamente habían sido quemados por Centeno volvieran a aparecer más tarde, no hace más que añadir un tinte conspiranoide a todo el asunto.

Esto no es un detalle menor, puesto de que en caso de darse por nula la veracidad de los escritos de Centeno, solo quedarían las confesiones de los "arrepentidos" como elemento para seguir impulsando la causa. En este sentido, quienes acepten su responsabilidad y delaten a los funcionarios, pasarán a ser piezas claves del entramado.

Lo cierto es que una vez más la Justicia tiene que decidir en una causa sensible para la sociedad y como viene la mano, parece que los máximos responsables -tanto los que cobraban las coimas, como quienes las pagaban- tiene altas chances de salir airosos.