Claudio Mariani, de la organización Igualar en Positivo, denunció públicamente que el municipio dirigido por Ramón Lanús intentaba suspender la atención a 47 pacientes con VIH de otros distritos.

La denuncia generó inmediatas reacciones políticas y sociales.

Desde el oficialismo municipal respondieron con una comunicación que, paradójicamente, alimentó más la polémica.

Aseguraron que no hubo suspensión de atención, sino que se "sugirió" a los pacientes buscar tratamiento más cerca de sus domicilios para "evitarles traslados prolongados".

Esta explicación no convenció a nadie. Federico Meca, concejal de Fuerza Patria, calificó la medida como "cruel e inhumana", destacando que "lo que está haciendo Lanús es desentenderse de una política pública esencial".

La crítica apunta al centro del problema: abandonar a personas que dependen de tratamiento continuo para sobrevivir.

En tanto, Walter Sánchez, de Política Obrera, fue más directo al señalar el "cinismo" de una desmentida que "confirma la denuncia".

Para muchos observadores, esta no es una coincidencia aislada sino parte de un patrón: San Isidro ya había intentado excluir clubes de fútbol infantil que no tenían sede en el distrito pero sí niños sanisidrenses en sus equipos.

La controversia no puede separarse del momento que vive el país. Los recortes indiscriminados del gobierno nacional han puesto presión adicional sobre los municipios, que históricamente asumieron responsabilidades transferidas desde los años '90.

Sin embargo, cuando se trata de salud pública, especialmente en casos de enfermedades que requieren tratamiento continuo como el VIH, no hay margen para experimentos administrativos.

El acceso a medicación antirretroviral no es negociable. La interrupción del tratamiento puede ser fatal, y "sugerir" a los pacientes que busquen atención en otro lado equivale a ponerlos en riesgo de vida.

Más aún cuando muchos de estos pacientes pueden haber desarrollado vínculos terapéuticos importantes con sus médicos tratantes en San Isidro.

Lo más preocupante de este caso es el precedente que sienta. Si los municipios comienzan a restringir servicios esenciales basándose únicamente en criterios de residencia, se abre la puerta a una fragmentación del sistema de salud que podría dejar a miles de personas sin cobertura.

La salud pública no entiende de límites geográficos cuando se trata de preservar vidas humanas.

En el caso del VIH, donde el estigma social ya representa una barrera adicional para el acceso al tratamiento, estas "sugerencias" municipales pueden traducirse en abandono terapéutico y consecuencias irreversibles.

La gestión Lanús debe explicar claramente sus motivaciones y garantizar que ningún paciente quedará sin atención.