El Supremo Tribunal Federal (STF) condenó al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado para desconocer las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.
Por 4 votos a 1, un panel de cinco jueces sentenció al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil, acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra Lula.
🚨Jair Bolsonaro condenado por el intento de golpe de Estado a Lula Da Silva
— C5N (@C5N) September 11, 2025
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Bolsonaro, de 70 años, enfrenta penas de hasta más de 40 años de prisión en el proceso, cuya sentencia se conocerá el viernes.
La causa, que marca un antes y un después en la democracia brasileña, se centró en los planes que habrían buscado instaurar una dictadura, promover bloqueos y campamentos frente a cuarteles militares, e incluso preparar atentados contra Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, relator del caso y uno de los blancos directos del supuesto complot.
Moraes fue el primero en exponer la acusación y votar por la condena, señalando que Bolsonaro lideró una “organización criminal” destinada a subvertir el orden democrático.
A su voto se sumó el juez Flávio Dino, quien coincidió en la responsabilidad penal del exmandatario.
A primera hora de la tarde, la jueza Carmen Lucia votó a favor de condenar a Bolsonaro, poniéndose del lado de sus colegas, luego de que el miércoles el juez Luiz Fux se pronunció por la absolución.
Con la mayoría de tres votos asegurada, más tarde llegó el voto del juez que faltaba, Cristiano Zanin.
Actualmente bajo arresto domiciliario por incumplir restricciones impuestas por el tribunal, Bolsonaro rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política.
Sin embargo, los fiscales apuntan a él y a siete de sus exministros como el “centro neurálgico” de una organización que, desde 2021, buscaba desestabilizar el sistema democrático brasileño.
El desenlace, previsto para los próximos días, podría marcar uno de los capítulos más trascendentales en la historia institucional de Brasil.








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