El documento, que califica los hechos como “violencia institucional por corrupción estructural”, remite a una denuncia original presentada en agosto de 2024 por el abogado Alejandro Díaz Pascual (Asociación Civil Arco Social), que habría sido archivada por el fiscal Rívolo en febrero de 2025.

Según la nueva presentación, pruebas y testigos habrían quedado sin ser debidamente investigados, mientras que una denuncia posterior, presentada en agosto de 2025 por otros patrocinantes, sí habría avanzado y derivado en imputaciones contra las mismas personas señaladas en 2024.

¿Qué se denuncia?

La queja apunta a un presunto esquema de favores y coimas vinculado a la contratación de la Droguería Suizo Argentina SA para la provisión de medicamentos a ANDIS. El texto afirma que los señalados en la causa incluyen a los primos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, y menciona presuntas presiones sobre el entonces titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, para avanzar con la contratación.

En la denuncia se citan además informaciones periodísticas que hablan de aumentos significativos en la facturación de la droguería entre 2024 y 2025.

Los denunciantes solicitan, entre otras medidas: el desarchivo de la denuncia original de agosto de 2024; la incorporación de expedientes conexos (entre ellos la causa CFP 6301/2021); la citación a declaración de los funcionarios judiciales denunciados; y que, si de la investigación surgiera prueba de dolo, se aplique la figura de encubrimiento prevista en el Código Penal.

En el escrito se enumeran además tipificaciones provisionales como prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento.

Relevancia pública e impacto

La denuncia hace hincapié en que la supuesta omisión afecta recursos destinados a una población especialmente vulnerable: las personas con discapacidad.

“La corrupción mata”, concluyen con énfasis los firmantes del texto al pedir celeridad en la investigación.

Qué piden los denunciantes y qué puede pasar ahora

Los autores solicitan la apertura de una investigación penal preliminar contra el fiscal y el juez, la obtención de copias certificadas de expedientes relacionados y, de confirmarse irregularidades, el envío de actuaciones a los organismos de control (Consejo de la Magistratura y Procuración General).

El impulso de medidas disciplinarias o penales contra funcionarios judiciales por archivar causas sin investigar es un trámite que, si prospera, puede derivar tanto en responsabilidades administrativas como en causas penales en sede correspondiente.

Estado de las partes mencionadas

La denuncia refiere imputaciones periodísticas y jurídicas, pero se trata de acusaciones que, por ahora, figuran en un escrito dirigido a la Cámara Federal.

En el expediente los denunciantes hacen reserva de pruebas documentales y piden que se incorporen otras actuaciones conexas; resta conocer la decisión de la Cámara sobre el inicio de una investigación preliminar y las respuestas que puedan ofrecer el fiscal Carlos Rívolo, el juez Julián Ercolini y los señalados en la causa.