De Vido en el banquillo: la fiscalía pide casi 5 años de prisión por las irregularidades en la compra del gas licuado
La fiscal Fabiana León no tuvo piedad al solicitar 4 años y 8 meses de prisión para Julio de Vido y 4 años y medio para Roberto Baratta, los exfuncionarios del Ministerio de Planificación que durante años manejaron con mano libre el presupuesto energético nacional.
El pedido de condena llegó tras un exhaustivo análisis del esquema fraudulento que, según la acusación, permitió el desfalco de más de 5,5 millones de dólares en la compra de Gas Natural Licuado.
De Vido, hoy de 75 años, no fue un funcionario más: era el cerebro detrás del Programa Energía Total, una iniciativa que nació en 2007 supuestamente para resolver la crisis energética argentina.
Pidieron condenar a Julio De Vido y Roberto Baratta por supuestas irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado. ¿Hará algo la justicia? pic.twitter.com/FJpRPlQO79
— Juan Domingo Underwood (@Ojo_Kritico) August 19, 2025
Su mano derecha, Roberto Baratta, de 52 años, ejercía como exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión y tenía la dirección operativa del programa. Juntos, convirtieron esta iniciativa en un mecanismo de enriquecimiento personal, violando sistemáticamente las normas de transparencia y control público.
La fiscal León fue contundente: "Los imputados delinquieron con plena conciencia de su rol institucional, y en abuso de su posición pública".
Mientras De Vido evitaba ejercer el control que su cargo le exigía sobre ENARSA, Baratta supervisaba directamente las operaciones fraudulentas del PET, ambos mirando hacia otro lado mientras se pagaban comisiones millonarias a empresas fantasma sin experiencia técnica.
El modus operandi era sencillo pero efectivo: evitar licitaciones públicas, tercerizar operaciones que ENARSA podía realizar directamente, y pagar comisiones desproporcionadas a intermediarios vinculados al poder.
Entre 2008 y 2009, se adquirieron 11 cargamentos de GNL mediante este sistema irregular, pagando 4.791.600 de dólares a la empresa Diligentia y 731.744 de la misma moneda a YPF, sin justificación técnica alguna.
De Vido tenía la obligación legal de supervisar estos contratos e implementar un régimen de contrataciones transparente, mientras Baratta debía controlar directamente las operaciones y subsanar las irregularidades que detectara.
En cambio, ambos crearon deliberadamente "una zona de discrecionalidad e informalidad incompatible con el manejo de fondos públicos", según describió la Fiscalía.
La Auditoría General de la Nación ya había advertido sobre estas irregularidades, pero tanto De Vido como Baratta persistieron en su accionar.
Su inacción sistemática no fue casual: formaba parte de un esquema donde el Estado pagaba sobreprecio por servicios que podía obtener directamente, beneficiando a empresarios cercanos al poder.
Hoy, la Justicia busca que ambos paguen con prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Tras ello, el juez Enrique Méndez Signori dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 26 de agosto, a las 9, cuando el debate continuará con los alegatos de las defensas de De Vido, Baratta y Roberto Nicolás Dromi San Martino.
Seguí todas las noticias de Agencia NOVA en Google News
