En su lugar, una escribana certificó el procedimiento sin realizar análisis químico, documentación de importación, fotografías ni constancias judiciales.

La denuncia sostiene que la maniobra podría constituir delitos de encubrimiento agravado, falsedad ideológica, delitos contra la salud pública, violación de la ley de residuos peligrosos y asociación ilícita.

Además, se señala que la destrucción se produjo apenas horas después de que ANMAT presentara una denuncia bajo carácter de “ultra reservada”, lo que refuerza la sospecha de obstrucción a la justicia.

El caso ya acumula más de 100 muertes presuntamente vinculadas al consumo de fentanilo contaminado, y pese a ello no hay imputados ni empresas clausuradas a más de 90 días del inicio de la investigación. La denuncia también cuestiona el rol del juez a cargo, hermano del ministro de Salud bonaerense, lo que representa un conflicto de intereses.

Míguez advirtió que existe un testigo clave bajo amenazas de muerte, que debería ser incorporado al programa de Testigos Protegidos, y remarcó que cualquier atentado contra su vida recaería en la responsabilidad directa de los funcionarios y empresarios denunciados.

El escrito pide la suspensión de CUIT de las empresas involucradas, la intervención de la PROCUNAR, y la recusación del juez interviniente. “La corrupción mata, a veces en silencio”, concluye la denuncia, que busca desenmascarar lo que califica como una red de simulación en la destrucción de precursores químicos con destino al narcotráfico.

La denuncia sostiene que:

• Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, promovió un esquema de “desburocratización” que debilitó los controles estatales. Incluso responsabilizó públicamente a ANMAT por “fallar” en sus funciones, mientras defendía la idea de que “el Estado crea riesgos” y justificaba la eliminación de organismos de fiscalización. Según Míguez, esa discrecionalidad permitió la tragedia del fentanilo contaminado.

• Mario Lugones, actual ministro de Salud de la Nación, es señalado como uno de los funcionarios que tuvo conocimiento de la situación, pero no actuó para evitar la circulación ni la eliminación irregular del material. La denuncia lo acusa de encubrimiento por omisión en un hecho que compromete directamente la salud pública.

• Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, aparece involucrado por su rol en la supervisión sanitaria de la provincia, dado que parte del procedimiento irregular ocurrió en Dock Sud. La denuncia lo incluye dentro de una presunta asociación ilícita, junto a empresas privadas y otros funcionarios, por avalar o no impedir el circuito ilegal del fentanilo.