La tragedia comenzó con ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma que llegaron infectadas con bacterias letales (Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii) a más de 200 centros médicos distribuidos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa, CABA y otras provincias.

Los pacientes críticos que recibieron el medicamento desarrollaron infecciones graves: neumonía intrahospitalaria, septicemia y meningitis que resultaron fatales en decenas de casos.

El alcance del peligro fue masivo. Mientras 33 mil ampollas contaminadas ya habían sido aplicadas cuando se detectó el brote, estimaciones posteriores elevan esa cifra a 45 mil dosis distribuidas.

Otras 30 mil ampollas del lote infectado permanecen inmovilizadas en depósitos hospitalarios, evidenciando la escala del riesgo que se evitó por muy poco.

La ANMAT finalmente prohibió el uso y ordenó el retiro de todos los lotes de fentanilo fabricados por HLB Pharma, pero la reacción llegó demasiado tarde para salvar vidas que ya se habían perdido.

HLB Pharma Group S.A., con planta en San Isidro y tercerizado en Laboratorios Ramallo, es la empresa responsable de las ampollas mortales.

Los lotes 31202 y 31244 revelaron una cadena de fallos catastróficos: controles de calidad inexistentes, violación de normas básicas de esterilidad y destrucción deliberada de registros de producción.

Sin embargo, lo que comenzó como un aparente caso de negligencia industrial se transformó en algo mucho más siniestro.

Meses antes del escándalo, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) había recibido una denuncia anónima en Rosario acusando a HLB Pharma de vender drogas en el mercado ilegal.

La conexión narco se consolidó en julio cuando el diputado Carlos Del Frade reveló que Mario Segovia, el "Rey de la Efedrina", era socio oculto de los propietarios del laboratorio HLB/Ramallo.

Esta revelación transformó completamente la naturaleza del caso, alejándolo definitivamente del terreno de la simple mala praxis.

La investigación recayó en el juez federal Ernesto Kreplak, de La Plata, pero su designación generó un escándalo adicional.

El magistrado es hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la administración que fue el mayor comprador del fentanilo contaminado producido por HLB Pharma.

A pesar del evidente conflicto de intereses, Ernesto Kreplak se negó a apartarse del expediente.

Expertos jurídicos señalan que la causa debería haber permanecido en la justicia provincial, ya que involucra mala praxis médica y potenciales homicidios culposos.

La decisión del juez federal de asumir la investigación es vista como una maniobra para mantener el control y proteger a su hermano.

El resultado es escandaloso: pese a las 97 muertes confirmadas, las 45 mil dosis comprometidas y las propias declaraciones del juez anticipando más víctimas, hasta el día de hoy no se ha procesado a ningún responsable.

La pasividad de Kreplak en este caso contrasta dramáticamente con su agresividad en otros expedientes.

Un ejemplo emblemático es su persecución a Marcelo Balcedo y Paola Fiege, dueños del diario Hoy y la radio Red 92, entre 2017 y 2018 por presunto lavado de dinero.

En esa ocasión, el juez desplegó una celeridad inusual: ordenó detenciones inmediatas, múltiples allanamientos y llegó a esbozar acusaciones de narcotráfico sin fundamentos sólidos.

Paradójicamente, años después, Balcedo y Fiege ni siquiera han sido procesados en la justicia argentina.

Esta doble vara genera indignación: mientras ciudadanos comunes enfrentan la máquina judicial con toda su fuerza, un escándalo de corrupción y salud pública de escala nacional encuentra a la misma justicia actuando con una pasividad sospechosa.

Para muchos observadores, este caso no representa solo una investigación frenada: es la demostración más clara de que cuando los intereses políticos se cruzan con el poder judicial, la impunidad encuentra su mejor aliado.