Según la SIP, Constantín ha sido objeto de acoso por parte del régimen cubano durante más de siete años, incluyendo una prohibición de salida del país. Además, ha sido detenido arbitrariamente, sometido a interrogatorios, vigilancia constante, amenazas de arresto y restricciones al acceso a internet y comunicaciones telefónicas. Sus colaboradores y familiares también han sufrido intimidaciones.

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, enfatizó que la detención de Constantín "constituye una grave violación de los derechos humanos" y que "informar no es un delito". Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, instó a organismos internacionales, organizaciones de prensa y medios en general a rechazar la detención y a visibilizar el caso como un ejemplo de los riesgos que enfrentan los periodistas cubanos para ejercer su profesión con independencia.

La SIP subraya que arrestar a un periodista por el ejercicio de su profesión vulnera sus derechos fundamentales y atenta contra el derecho de toda la sociedad a estar informada, y reitera su compromiso de defender la libertad de prensa y de expresión en las Américas. La organización se mantiene vigilante ante la situación y continuará denunciando la represión contra el periodismo independiente en Cuba.